Juicio por Sueños Compartidos: Sergio Schoklender pidió su absolución y que no se lo juzgue por el paso del tiempo

Sergio Schoklender , el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que enfrenta una pena de hasta 6 años de prisión, pidió ser absuelto en el juicio oral por Sueños Compartidos , el programa de viviendas sociales que gestionaba la organización y quedó bajo sospecha por el desvío de fondos.

En su alegato final, la defensa de Schoklender criticó la acusación fiscal y realizó un planteo ante el Tribunal Oral Federal N° 5 para evitar una condena por el paso del tiempo en una causa que se inició en marzo, luego de 15 años de investigación.

“Vamos a volver a insistir [...] sobre lo que tiene que ver con la duración del proceso, con la cuestión relativa al plazo razonable.

Nosotros consideramos que se encuentra violado”, dijo el defensor oficial Hernán Figueroa , quien ejerce la defensa junto con Alan Swanston .

Los abogados defendieron el programa y el impacto integral que tenía en los barrios, negaron la existencia de sobreprecios y pidieron la absolución, alegando que no hubo desvíos de fondos y todas las obras fueron terminadas.

Defendieron como una decisión política no judicializable las modificaciones que existieron al interior del programa, que para la fiscalía fueron una “ maniobra deliberada para eludir controles”.

“El paso de un programa a otro no fue ninguna maniobra”, dijo Swanston, apoyado en una auditoría de la AGN que destacaba los programas.

“ No hubo ninguna relajación de los controles” , insistió.

Como otras defensas, apuntaron, además, contra un trabajo realizado por el perito Francisco Guzmán : criticaron su metodología, señalaron presuntas demoras y el hecho de que no haya visitado las obras.

“Este peritaje no puede entrar a la causa”, sostuvo Swanston .

Los abogados de Schoklender quisieron cerrar su alegato con el testimonio de una de las personas que fueron beneficiadas por una casa pero un desperfecto técnico se los impidió.

El caso investiga un presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2008 y 2011.

Según la acusación, el Ministerio de Planificación que lideraba Julio De Vido giró más de $748 millones a la Fundación -a cargo de la ejecución del programa- mediante convenios celebrados sin licitación con provincias y municipios.

De ese total, habrían sido desviados más de 200 millones de pesos, es decir, alrededor del 23% de los recursos.