El Ministerio Público pide que USD 26.900 decomisados a un presunto líder de la Mara Salvatrucha de El Salvador pasen al Estado de Guatemala
El Ministerio Público (MP) de Guatemala pidió que declare a favor del Estado USD 26.900 vinculados a una investigación sobre Walter Mauricio Trejo Mejía , salvadoreño señalado por las autoridades como líder de la Mara Salvatrucha en el Triángulo Norte.
La petición se realizó este lunes 12 de octubre al Juzgado de Extinción de Dominio que deberá establecer el futuro de los recursos económicos decomisados a Trejo Mejía, alias Mister o Crazy.
El dinero fue localizado en 2023 dentro de una caja de seguridad de un apartamento de la zona 15 de la capital guatemalteca.
La Fiscalía sostiene que los fondos provienen de actividades de lavado de dinero y que no existe una justificación económica que respalde su origen.
El dinero fue localizado tras la captura de Trejo Mejía La solicitud de extinción de dominio se originó a partir de operativos efectuados desde 2022 , cuando las autoridades capturaron a Trejo Mejía en la colonia Sakerty, zona 7 de la Ciudad de Guatemala .
Durante esas diligencias, los investigadores encontraron una llave que, de acuerdo con la pesquisa, correspondía a un inmueble situado en un edificio de la colonia El Maestro , en la zona 15 .
Un año después, la Fiscalía inspeccionó el apartamento para establecer qué había en su interior.
Como la vivienda estaba deshabitada, los agentes utilizaron la llave incautada durante los allanamientos ligados a la detención del ciudadano salvadoreño .
Dentro del inmueble hallaron una caja de seguridad con USD 26.900 .
El apartamento figura a nombre de Madeline Abigail Avilés , según los registros citados por el MP.
La institución indicó que Avilés no reclamó el dinero ni mostró interés por recuperarlo durante el proceso.
La Fiscalía cuestiona el origen de los USD 26.900 Tras analizar la situación económica de Avilés, el Ministerio Público concluyó que no tenía el perfil financiero para poseer esa cantidad de dinero.
La Fiscalía sostiene que esa circunstancia permite presumir que los fondos serían resultado de operaciones de lavado de dinero .
La representante del Instituto de la Defensa Pública Penal planteó una posición distinta ante el tribunal.
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