Un fiscal desvió 425 millones de pesos de cuentas judiciales para pagar sus deudas de juego

Detrás de una maniobra de corrupción judicial en Rosario hay una compulsión personal que una investigación coloca en el centro de la escena: la ludopatía del exfiscal Mariano Ríos Artacho .

Buena parte de los 425 millones de pesos que, según la acusación, desvió de cuentas judiciales entre 2017 y 2024 fue a parar a casinos y a inversiones bursátiles con las que alimentaba una adicción al juego que fue devorando, expediente tras expediente, el dinero que debía custodiar.

Ríos Artacho, de 42 años, fue imputado por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani como presunto jefe de una asociación ilícita .

La hipótesis fiscal sostiene que, mientras se desempeñaba en la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), decidía qué cuentas judiciales podían ser vaciadas y firmaba los oficios necesarios para hacerlo.

Se trataba de dinero depositado judicialmente en concepto de fianzas, cauciones o fondos secuestrados en distintas investigaciones.

Es decir: la plata que un fiscal de delitos económicos tenía la obligación de resguardar terminó financiando su adicción al juego .

El mecanismo, según la acusación, tenía una estructura pensada para sostenerse en el tiempo.

Por debajo del exfiscal, otros integrantes de la presunta organización reclutaban prestanombres, retiraban el efectivo de los bancos y distribuían el dinero.

Los señalados como testaferros —que habrían aportado sus identidades y sus CBU para canalizar los fondos— son Nahuel R., Daniel B., Bruno B., Daniel C., Paola B., Víctor M. y Agostina R.

La organización contaba, además, con un dispositivo para tapar los faltantes: el abogado penalista Emilio Barcacia se presentaba en los bancos para depositar efectivo y recomponer temporalmente los saldos cuando una causa estaba próxima a un juicio abreviado o una probation.

Ese detalle es el que mejor retrata la lógica del jugador: cubrir el pozo justo antes de que alguien pudiera mirar dentro, para volver a apostar.

La causa se activó a partir de una anomalía detectada en una cuenta judicial.

La propia Unidad de Delitos Económicos dio aviso y el expediente quedó en manos de Spelta, de la unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.

La investigación reconstruyó maniobras que se habrían extendido, al menos, desde 2017 hasta 2024.