Familiares de siete panameños detenidos en Cuba se desvinculan de la organización Camino a la Democracia

El caso de los siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba por presunta propaganda contra el orden constitucional se ha transformado, en pocos meses, de un expediente básicamente judicial y diplomático a un conflicto político transnacional.

Esto involucra al gobierno panameño , al régimen cubano, a redes de activismo opositor y, de manera decisiva, a las propias familias de los detenidos.

Los familiares exigieron desvincularlos de la organización clandestina Camino a la Democracia , relacionada también con los grupos “Camino a la Democracia de Cuba” y “FundaCuba”.

Publicaciones periodísticas revelaron que estas estructuras presuntamente reclutan panameños para participar en actividades contra el régimen cubano, con financiamiento externo destinado, entre otras cosas, a la compra de pasajes aéreos y campañas en redes sociales, indica el diario Critica.

En un comunicado, los familiares se deslindaron categóricamente de dichas organizaciones, les niegan legitimidad como voceros y respaldan, en cambio, las gestiones diplomáticas del Estado panameño para proteger los derechos de sus allegados.

“Deseamos dejar clara nuestra posición: Nos deslindamos categóricamente de dichas acciones, así como de cualquier actividad o agenda que esa organización promueva”, afirman.

Le solicitan a esas organizaciones y terceros “abstenerse de continuar realizando pronunciamientos públicos como defensores de nuestros familiares que se encuentran detenidos.

Esas declaraciones no representan nuestro sentir, ni contribuyen de manera efectiva a la resolución de esta situación ”.

Este giro abre un nuevo capítulo en el caso, pues coloca en tensión la legitimidad de los actores que han intentado capitalizar la situación, redefine el terreno de la representación de las víctimas y plantea interrogantes sobre los límites entre la solidaridad política, el activismo transnacional y la instrumentalización de personas en situación de vulnerabilidad para agendas opositoras.

Diversas investigaciones periodísticas y comunicados oficiales han revelado que los arrestos del 28 de febrero de 2026 en La Habana se relacionan con actividades atribuidas a la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba y a estructuras vinculadas como “Camino a la Democracia de Cuba” y “FundaCuba”, lo que ha alimentado la narrativa cubana de una operación subversiva organizada desde el exterior.

El caso tiene su origen el 28 de febrero de 2026, cuando el Ministerio del Interior de Cuba informó de la detención de diez ciudadanos panameños en La Habana, en los barrios de Boyeros y Jaimanitas, acusados de confeccionar y colocar carteles antigubernamentales con mensajes críticos hacia el sistema político cubano.