Exdirector de la ANT Felipe Harman tendrá que pagar arresto y multa por incumplir tutela interpuesta por campesinos de Antioquia

24 Ago, 2026 05:38 p. m. EST Guardar El Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó impuso una sanción de tres días de arresto y multa de tres salarios mínimos al exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Juan Felipe Harman, al considerar que la entidad incumplió una tutela que protegía el derecho fundamental al debido proceso de un grupo de campesinos de Vegachí, Antioquia.

La decisión, que aún debe ser revisada por el Tribunal Superior de Antioquia y que se conoció el lunes 24 de agosto de 2026, marca un nuevo capítulo en la disputa entre los habitantes rurales y el Estado colombiano por la recuperación de baldíos.

Según el fallo conocido por Infobae Colombia , el proceso judicial se originó cuando la ANT adelantó un procedimiento administrativo sobre tierras de la vereda El Jardín sin notificar personalmente a los campesinos afectados. La intervención estatal, que buscaba la recuperación de baldíos, generó inconformidad porque los afectados no pudieron participar ni ejercer su defensa en etapas cruciales del trámite.

El reclamo de los accionantes apuntó a que cualquier actuación con efectos sobre su posesión debía garantizarles acceso a la información y herramientas de defensa.

El litigio avanzó inicialmente en contra de los campesinos, pero el 29 de abril de 2026 el Tribunal Superior de Antioquia revocó la decisión original y reconoció que “se había vulnerado el debido proceso de los accionantes” , según consta en la sentencia. El tribunal ordenó dejar sin efecto las actuaciones cuestionadas y realizar una notificación personal efectiva a los habitantes rurales para que pudieran ejercer sus derechos.

Jorge Ramírez Pulgarín, abogado de la firma One Legal y representante de los campesinos, explicó que la decisión judicial buscaba “ restaurar garantías fundamentales que habían sido desconocidas en un proceso administrativo de enorme impacto para las comunidades rurales ”. En su defensa, el jurista agregó que la falta de notificación personal impidió que los afectados intervinieran en momentos clave.