La Corte Suprema restableció los límites para la compra de tierra por extranjeros: los ejes de su decisión

La Corte Suprema volvió a convertirse en un actor central de la pelea por el DNU 70/23 .

Diez días después de dejar sin efecto el fallo que mantenía vigente la Ley de Tierras, el máximo tribunal aceleró otro expediente que podría producir el resultado inverso: restablecer, al menos de manera cautelar, los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.

El movimiento judicial tiene una consecuencia inmediata sobre el Congreso.

La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión especial cuyo temario incluye el rechazo del DNU 70, además de iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar.

Para alcanzar el quórum necesita sumar sectores dialoguistas, varios de los cuales encuentran en la restitución de la Ley de Tierras uno de los principales incentivos para bajar al recinto.

Por eso el calendario de la Corte pasó a ser observado de cerca por oficialismo y oposición.

El tribunal convocó a un acuerdo extraordinario y aceleró los plazos de una causa promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades mapuches y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.

También incorporó a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci ante la falta de una posición común entre sus tres integrantes.

De un fallo que favoreció al Gobierno a una decisión que puede cambiar el quórum La secuencia comenzó el 29 de septiembre, cuando la Corte revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70, utilizado por Javier Milei para derogar la Ley 26.737.

Pero hizo una distinción clave: no se pronunció sobre la validez constitucional de la derogación , sino que sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para impulsar aquella acción.

El efecto práctico fue dejar operativo el artículo del decreto que eliminó las restricciones.

Políticamente, sin embargo, la decisión terminó reactivando el tema que el Gobierno buscaba cerrar: distintos bloques opositores incorporaron la Ley de Tierras a una ofensiva más amplia contra el DNU que Milei considera una pieza estructural de su programa desregulador.

Ahora la Corte tiene delante otro expediente.

A diferencia del caso anterior, los nuevos demandantes fundan su legitimación en derechos ambientales, territoriales y vinculados con las comunidades originarias.