Sigue el desmantelamiento del Ministerio de la Igualdad: declararon insubsistentes a dos viceministros del Gobierno Petro que no presentaron su renuncia
La liquidación del Ministerio de la Igualdad avanzó con la salida de dos viceministros y el fin del encargo de otros dos funcionarios, una decisión adoptada mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella revisa la legalidad de pagos, contratos y compromisos presupuestales en una cartera que perdió sustento jurídico tras la anulación de la ley que la creó.
La revisión también apunta al control de $200.000 millones que el Ejecutivo busca recuperar para destinarlos a prioridades nacionales, entre ellas la atención de la emergencia económica y a víctimas del reciente terremoto.
El fondo FonIgualdad, adscrito a la entidad, quedó bajo examen para detectar nóminas paralelas, contratos y programas sin sustento.
De acuerdo con información oficial, la medida afecta a Tamara Ospina, viceministra de las Mujeres, y a Pablo Zabala, viceministro de Juventudes, ambos declarados insubsistentes .
También terminó el encargo de Aura Tegria, viceministra encargada de los Pueblos Étnicos y Campesinos, y de Santiago Salinas, viceministro encargado de Poblaciones y Territorios Excluidos.
El proceso está a cargo de John Milton Rodríguez, liquidador designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Su tarea incluye reestructurar la entidad y controlar recursos después de la supresión de toda la estructura viceministerial.
La cartera, creada durante la administración de Gustavo Petro, enfrenta una auditoría integral tras la identificación de “un desgreño administrativo” , la ausencia de estados financieros de cierre y compromisos presupuestales sin soporte legal suficiente.
El liquidador sostuvo en una intervención pública difundida por las redes del ministerio que encontró una “olla podrida”.
Rodríguez afirmó: “El gobierno de Gustavo Petro dejó un Ministerio en caos, sin un cierre ordenado y una liquidación responsable”.
También señaló que la entidad tenía un atraso superior a tres meses en los estados financieros.
El funcionario añadió que seguían vigentes compromisos de nómina, arriendos y otros gastos sin verificación documental .
En ese marco, ordenó el congelamiento contractual y presupuestal y exigió formalmente que la administración anterior entregue toda la gestión con soportes verificables.
Rodríguez precisó que sólo se autorizarán pagos con respaldo jurídico y laboral comprobado.
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