A un año de su anuncio, hay fricción en el Gobierno por la demora del “pasaporte dorado” con el que Milei busca inversiones

El Gobierno anunció hace más de un año una profunda reforma del régimen migratorio y de ciudadanía.

Entre sus diferentes segmentos, este paquete de medidas contenía una promoción de inversiones extranjeras mediante incentivos, un programa de “ciudadanía argentina por inversión” – referido en otras jurisdicciones y a nivel internacional como “pasaporte dorado”- con el que se busca captar divisas de personas de alto patrimonio del exterior, a cambio de la concesión de la ciudadanía argentina El mecanismo de acceso fue dado a conocer en mayo del año pasado a través del DNU 366/2025 (el cual modificó 4 leyes nacionales), y se extendió en su funcionamiento a través del Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial en julio de 2025.

Este programa no está vigente porque todavía se espera la última reglamentación legal.

Y hay importantes sectores del Gobierno -y empresas internacionales del sector de la “industria” de la ciudadanía por inversión que en las últimas semanas comenzaron a pujar para que la medida salga lo antes posible .

“Estuvo paralizado el tema”, confesó a Infobae un importante funcionario que conoce lo que está sucediendo con la reglamentación.

Hay al menos tres miembros de la Mesa Política del oficialismo que están intentando destrabarlo en términos burocráticos.

“ Están en ese plan porque termina de avanzar la revisión, pero va a salir en algún momento ”, avisan desde uno de estos tres despachos.

Una de las áreas que está revisando el tema es el Ministerio de Seguridad Nacional , a cargo de Alejandra Monteoliva.

Según pudo averiguar Infobae, hay un apuro para que esta área se expida sobre el tema, aunque no sería la única que tiene sus reparos por la forma de la aplicación de esta normativa.

Es un reclamo que se repite en un despacho de la Casa Rosada que también quiere que salga la Agencia de Migraciones, que se había anunciado el año pasado.

Este medio se contactó con las áreas de prensa del Ministerio de Economía y de Seguridad Nacional, así como la Dirección Nacional de Migraciones, pero no recibió comentarios hasta la publicación de presente artículo.

Y es que en el proceso deben intervenir las áreas legales de Presidencia de la Nación y Ministerio de Economía.

En el artículo 6 del último decreto publicado se faculta para la aplicación del programa a un organismo ad-hoc que se creó con la reforma migratoria, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), que depende del MECON, y hoy liderado por Aixa Granara, quien figura como funcionaria “ad honorem”.

Infobae supo de “sugerencias” que a lo largo de estos meses hicieron importantes actores externos al Gobierno (nacionales y extranjeros) sobre el riesgo que implicaría una reglamentación “mal hecha”.