Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes con el nuevo proyecto que busca aprobar el Gobierno

Este miércoles, el Gobierno enfrenta una importante sesión en la Cámara de Diputados en la que se tratará el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que necesita el ministro Luis Caputo para intentar remonetizar la economía con los “dólares del colchón”.

Si bien la ley ya se encuentra vigente desde el 26 de diciembre de 2025, esta nueva iniciativa busca corregir algunos puntos débiles de la normativa para brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que exterioricen ahorros sin declarar, luego de que la primera versión de la ley encontrara poco eco.

Inocencia Fiscal II surge directamente de la insistencia de los contadores a Economía.

Los especialistas plantearon que, sin cambios, los argentinos no iban a declarar los dólares que, según proyecciones oficiales, suman USD 170.000 millones fuera del sistema.

Luego de meses en los que Caputo se negó a modificar la ley, finalmente recibió a los contadores en el quinto piso del Palacio de Hacienda y acordó el envío de una nueva normativa al Congreso.

El proyecto al que esté miércoles el oficialismo buscará dar media sanción implica cambios importantes respecto a quienes puede acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), cuándo se generan las exclusiones de los contribuyentes y hasta cuándo hay tiempo para sacar los dólares del colchón.

Menos requisitos Entre los cambios principales, el texto prevé que un universo más amplio de contribuyentes pueda adherir al RSG.

Sebastián Domínguez , CEO de SDC Asesores Tributarios , explicó que con la actual legislación hay contribuyentes que no puede ingresar al régimen porque tuvieron ingresos de más de $1.000 millones o patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.

“Esas personas van a poder adherirse si se aprueba esto, con la salvedad de que los grandes contribuyentes se van a poder adherir solo por el RSG y no por los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal”, comentó.

Domínguez también indicó que la nueva redacción le da mayor seguridad jurídica a aquellas personas que quisieran utilizar fondos no declarados.

Esto es porque el proyecto incorpora un nuevo umbral para definir las discrepancias significativas entre lo que informa el contribuyente y los registros del fisco nacional.

“Si el fisco nacional detecta una diferencia entre lo declarado por el contribuyente, la información que tiene en sus sistemas o recibido de tercero, si es del 15% más, pero no supera $5 millones, no hay discrepancia significativa ”, afirmó.

Este umbral, hoy, está fijado en el 15% y genera el riesgo de que contribuyentes que exterioricen montos pequeños queden sujetos a inspecciones por diferencias de poco volumen.