La aplicación de la amnistía lleva a la ruptura total entre el Constitucional y el Supremo

El Tribunal Constitucional y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo , con Cándido Conde-Pumpido y Manuel Marchena como respectivas puntas de lanza, se han enzarzado en un choque institucional inédito a razón de la aplicación de la amnistía .

Las acusaciones cruzadas se suceden, cada vez más contundentes, entre ambas instituciones.

El presidente del TC sostiene que el Supremo se ha alejado de la finalidad de la ley de amnistía y la ha interpretado de forma "impredecible".

Manuel Marchena le rebatió este martes alegando que el Constitucional ha echado mano de una "innecesaria grandilocuencia" para invadir el "perímetro" reservado al Tribunal Supremo.

Las relaciones entre el órgano de garantías constitucionales y el Supremo se vieron gravemente afectadas cuando el primero corrigió al segundo y anuló las condenas del caso de los ERE de Andalucía .

El desencuentro no ha hecho sino empeorar y ha llegado a su auge este mismo martes, cuando el Tribunal Supremo admitió que no le quedaba más opción que amnistiar a los líderes independentistas condenados por el procés .

Ahora bien, que la Sala Segunda se viera forzada a "acatar" la sentencia del Constitucional no impidió que Manuel Marchena copara su escrito de durísimas críticas al órgano que preside Conde-Pumpido.

La disputa se mueve en dos planos diferentes.

Por un lado están las interpretaciones irreconciliables que ambos órganos hacen de un mismo texto legal: la ley de amnistía.

En un segundo plano está la consideración que hace el Supremo sobre los límites (sobrepasados, a su juicio) de las funciones del Tribunal Constitucional.

Manuel Marchena ve invadidas las competencias de la Sala Segunda.

El "propósito de enriquecimiento", esencia de la disputa En el germen de la disputa jurídica entre el Constitucional y el Supremo hay una pregunta muy concreta: ¿En qué consiste enriquecerse? Además de concreta, es una pregunta decisiva, dado que la ley de amnistía solo se aplica a los delitos de malversación del procés cuando sus autores no actuaran con "propósito de enriquecimiento ".

Los legisladores, con intención de no dejar nada al azar, quisieron poner por escrito lo que la ley comprende por "propósito de enriquecimiento".

Es el objetivo de obtener un "beneficio personal de carácter patrimonial".