La Junta presenta alegaciones al decreto de centros de datos que «complica» el proyecto de Meta en Talavera

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado diez alegaciones al proyecto de real decreto del Gobierno de España sobre centros de datos .

Una normativa que se encuentra todavía en tramitación pero que, según ha asegurado la consejera portavoz, Esther Padilla, puede «condicionar inversiones tecnológicas estratégicas» ya comprometidas en Castilla-La Mancha.Padilla ha incidido especialmente en el posible impacto del borrador sobre proyectos como el de Meta en Talavera de la Reina , al considerar que «complica» iniciativas de estas características porque «cambia las reglas del juego» .

El Ejecutivo autonómico comparte los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética de la norma, pero reclama que su aplicación garantice la seguridad jurídica, respete las competencias autonómicas y no ponga en riesgo proyectos que ya se encuentran avanzados.El pasado 10 de septiembre finalizó el plazo de audiencia pública del proyecto de real decreto y Castilla-La Mancha presentó sus alegaciones. «Ahora evidentemente corresponde al Gobierno de España estudiarlas antes de aprobar el texto definitivo», ha explicado Padilla.La consejera ha defendido la necesidad de avanzar hacia un uso responsable de la energía y el agua por parte de los centros de datos, especialmente en una región donde este último recurso es especialmente relevante.

Sin embargo, considera que las nuevas exigencias deben aplicarse de forma proporcionada y teniendo en cuenta las circunstancias de cada territorio.Las diez alegaciones del Ejecutivo autonómico se articulan en torno a cuatro grandes cuestiones: el rango jurídico y la proporcionalidad de las medidas; la protección de los proyectos que ya están en marcha; el respeto a las competencias de las comunidades autónomas; y una aplicación realista y territorialmente justa de los criterios de eficiencia energética.Rango jurídico y proporcionalidadEn primer lugar, Castilla-La Mancha cuestiona el rango jurídico y la proporcionalidad de algunas de las medidas previstas en el borrador.

Padilla ha señalado que el proyecto contempla medidas que van más allá de las condiciones técnicas, como «recargos que pueden llegar al 500%», la pérdida de permisos de acceso y conexión y la caducidad de permisos ya concedidos.Por ello, el Gobierno regional considera que medidas de esta intensidad requieren una cobertura legal suficiente y no deberían quedar definidas íntegramente mediante una norma reglamentaria. «Lo más lógico sería elevarlo a una proposición de ley o hacer una modificación de la legislación actual», ha defendido la consejera.Además, reclama que los recargos sean graduales y proporcionales a la gravedad de los incumplimientos.