Otegi logra el objetivo que se marcó en 2021 al apoyar a Sánchez: solo quedan una treintena de etarras «sin pisar la calle»

«Nosotros tenemos a 200 (presos) dentro, ¿eh? Y esos 200 tienen que salir de la cárcel.

Y si para eso hay que votar los Presupuestos pues los votaremos.

Así de alto y claro os lo decimos.

Porque eso (sacar a los presos) lo tenemos aquí, como dirían los horteras, en el frontispicio.

Y decimos, hostia, es el momento […].

Tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA.

Con todo lo que eso quiere decir.

Es la madre de todas las batallas.

No descartamos que pueda ocurrir.

Si es posible necesitamos seis años, y tal vez en esos seis años lo logremos».

Son declaraciones textuales de Arnaldo Otegi el 20 de octubre de 2021, mientras EH Bildu negociaba el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 del Gobierno de coalición entonces integrado por el PSOE y Podemos.

Cinco años después, solo 29 terroristas de ETA integrados a mediados de septiembre en las listas oficiales del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, afín a la línea marcada por EH Bildu ) continúan cumpliendo condena en régimen cerrado estricto, sin disfrutar de terceros grados, regímenes de control domiciliario ni salidas autorizadas a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.Aunque plataformas del entorno aberzale como Sare elevan el número de reclusos que continúan «sin pisar la calle», la labor de documentación realizada ofrece una rebaja de esta cifra por bajo de la treintena.

El punto de inflexión que explica el vaciamiento tiene una fecha clave: el 1 de octubre de 2021, cuando se materializó el traspaso de las competencias penitenciarias al País Vasco, una cesión ejecutada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco de sus acuerdos de investidura con el PNV y EH Bildu.

Más tarde, el 24 de marzo de 2023, el Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska culminó el acercamiento de todos los reclusos etarras desde centros penitenciarios de toda España hacia las prisiones vascas y de Navarra, poniendo fin a más de tres décadas de política de dispersión.