El Gobierno descarga en las comunidades autónomas buena parte del cumplimiento del decreto Maricarmen

El primero de los reales decretos ley de vivienda que el Gobierno aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros -por segunda vez- descarga en las comunidades autónomas responsabilidades clave para el cumplimiento del texto.

Las autonomías tendrán que asumir las compensaciones para los propietarios que sufran el impago de sus inquilinos, y de ellas también dependerá el éxito de la regulación del alquiler de temporada y del de habitaciones, tres de las medidas que el Ejecutivo tiene prácticamente atadas en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.Se trata de tres ambiciosas iniciativas que se encuentran entre las que el Ejecutivo más ha destacado dentro del reguero de medidas que incluye el decreto inicialmente tumbado por el Congreso de los Diputados la semana pasada.

La más polémica de todas, y la que más han denunciado los ejecutivos regionales, es la que obliga a las administraciones autonómicas a asumir el coste de la suspensión de los desahucios de inquilinos vulnerables que permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030.

No es para menos.

Según el texto publicado en el BOE el pasado miércoles, las autonomías tendrán que asumir la morosidad de los inquilinos si transcurrido el plazo de dos meses desde que se le comunica la vulnerabilidad del inquilino no ha ofrecido al arrendatario una alternativa habitacional.

Si la Administración paga dentro del plazo, el desahucio termina y el contrato sigue vigente.

Si no paga ni ofrece una alternativa habitacional, la autonomía quedará subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario y no podrá ejecutarse el lanzamiento mientras se mantenga la situación de vulnerabilidad, hasta la expiración del contrato.

El coste posteriormente será sufragado por el Estado excepto los intereses generados por los retrasos en el pago.

Pero las comunidades, en todo caso, deberán adelantar ese dinero, además de asumir la totalidad las costas procesales a favor del demandante, un concepto que no estaba contemplado en el anterior decreto fallido y que el Gobierno ha incluido en el texto para reforzar la medida.También de las comunidades dependerá que se cumpla la nueva regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.

Esta última contempla que los pisos que se alquilen por estancias tengan que asumir la limitación de precios que se les impone a las viviendas que se alquilan al completo en las áreas denominadas como tensionadas por la ley de Vivienda.

El problema es que para poder aplicar esta medida se necesita previamente declarar un municipio como zona tensionada y eso es algo que depende de las comunidades autónomas.