Ayuso sortea el boicot de la izquierda y levantará residencias en Alcorcón y Rivas

Se llama Plan 40-40 e incluye una de las medidas sociales estrella de Isabel Díaz Ayuso: disponer de 8.000 plazas más para personas mayores, en 40 residencias y centros de día, con una inversión de más de 500 millones de euros mediante colaboración público-privada .

El Gobierno regional ha pisado el acelerador a fondo en esta recta final de la legislatura y antes de final de año prevé que 20 residencias se estén tramitando ya en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, incluidas las de Alcorcón y Rivas Vaciamadrid, donde el Gobierno regional ha sorteado el boicot de la izquierda y ha utilizado suelo autonómico para ello.

El centro de Las Rosas (San Blas -Cañaveral) se adjudicará en octubre, mientras que el de El Cañaveral (Vicálvaro) ya tiene en marcha la contratación de su proyecto.

Además, este viernes 25 de septiembre comenzará la tramitación de los centros de Puente de Vallecas, Moncloa-Aravaca, Barajas, Carabanchel y Fuencarral-El Pardo, con la publicación de los correspondientes concursos.

A todos ellos se sumará, antes de final de año, el inicio del procedimiento para otras 13 residencias.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que dirige Ana Dávila, prevé que a lo largo de 2027 se sumen 20 más.

Las 13 licitaciones que estarán en marcha antes de final de este 2026 estarán en Madrid capital (Usera, Villaverde y Hortaleza), Móstoles, Leganés, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid y Aranjuez, junto a otras dos en la capital (Villa de Vallecas y Moratalaz) y Alcorcón, que incluirán viviendas con apoyo para mayores con dependencia leve o moderada o en situación de vulnerabilidad, a las que se sumarán otro centro en Valdemoro, que dispondrá de plazas para mayores con hijos con discapacidad, y uno más en Moralzarzal, que incluirá unidad especializadas de atención psicogeriátrica.

Todos estos centros se construirán en parcelas cedidas por los ayuntamientos, salvo en dos casos: Alcorcón y Rivas Vaciamadrid.

El primero está gobernado por el PSOE y el segundo, por una coalición de izquierdas, con Izquierda Unida al frente.

La izquierda se ha negado a ceder parcelas a la Comunidad para la construcción de estas residencias y el Gobierno regional ha recurrido en estos casos a suelo autonómico.

El anuncio de este Plan 40-40 fue motivo de otro enfrentamiento político del PSOE con el Gobierno regional.

La ejecutiva regional socialista, que encabeza Óscar López, ordenó a sus alcaldes oponerse a la cesión de parcelas municipales para levantar esos centros de mayores de la Comunidad, al oponerse al modelo de gestión público-privada.