Reino Unido prohibirá la pornografía con estrangulamientos, incesto y adultos que simulen ser menores de 16 años
El Gobierno británico prohibirá a partir del próximo 6 de noviembre la posesión y difusión de contenidos pornográficos que representen estrangulamientos, asfixia, determinadas relaciones sexuales incestuosas o adultos que simulen ser menores de 16 años.
La legislación, que entrará en vigor en Inglaterra y Gales, contempla penas de hasta cinco años de prisión y responde a la preocupación por la normalización de la violencia sexual , especialmente entre adolescentes y jóvenes, así como a las advertencias sobre la influencia de la pornografía en su percepción de las relaciones sexuales.La reforma establece condenas máximas de cinco años de cárcel para quienes publiquen o distribuyan estos contenidos, mientras que la posesión podrá castigarse con hasta dos años de prisión en el caso de imágenes de estrangulamiento, asfixia o relaciones incestuosas, y con tres años cuando representen actividad sexual en la que una persona aparente ser menor de 16 años.
La prohibición también afectará a archivos almacenados en teléfonos móviles, ordenadores o servicios en la nube, incluidos aquellos obtenidos antes de la entrada en vigor de la ley que continúen en posesión de sus propietarios.Según Alex Davies-Jones, la responsable del Gobierno para la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, los contenidos que normalizan o glorifican la violencia contra las mujeres pueden desdibujar los límites entre los comportamientos aceptables y los abusivos.La decisión responde a las recomendaciones de una investigación independiente encargada por el anterior Gobierno conservador de Rishi Sunak y dirigida por la baronesa Gabby Bertin, cuyo informe, publicado en 2025, denunció la falta de supervisión de la industria pornográfica y alertó sobre la frecuencia de escenas de estrangulamiento en plataformas de gran difusión.Obligaciones para las plataformasLa nueva legislación también amplía las responsabilidades de las plataformas digitales, puesto que estos contenidos pasarán a formar parte de la categoría de delitos prioritarios prevista en la Ley de Seguridad en Internet (Online Safety Act) de 2023.
Esta clasificación obliga a las empresas tecnológicas afectadas a adoptar medidas preventivas y proporcionadas para impedir que los usuarios encuentren material ilegal en sus servicios, además de retirarlo cuando tengan conocimiento de su existencia.
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