Las causas contra Begoña Gómez y Zapatero separan aún más al Gobierno de la Justicia

Dos hechos han marcado la agenda mediática de tribunales en las últimas horas.

Ambos han ocurrido en las últimas horas.

De un lado, el juez Juan Carlos Peinado dictaba el auto de apertura de juicio oral con el que enviaba a Begoña Gómez a juicio por los delitos de tráfico de influencias y malversación.

De otro, el juez del denominado caso Plus Ultra, José Luis Calama, citaba a declarar como investigadas a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 30 de noviembre.

La relación entre el Gobierno y la Justicia venía siendo especialmente tensa en las últimas semanas coincidiendo con cuestiones como la resolución cautelar del Tribunal Supremo de paralizar la denominada 'ley de nietos'; y las últimas noticias no han hecho sino ampliar esa brecha.

Decisión "errática" y "desproporcionada" Tanto Moncloa como el PSOE reaccionaba con dureza a una decisión, la del magistrado Juan Carlos Peinado, que llegaba en un momento en el que el responsable del Ejecutivo se encuentra en un viaje internacional.

Desde el Gobierno "condenan" la resolución consideran que responde a un modus operandi habitual "durante toda la instrucción".

"Ha quedado demostrada su inocencia", proyectaban en Moncloa en el momento mismo de la decisión del togado, asegurando asimismo que mantienen la "confianza" en que el jurado que la juzgue "será ecuánime e impartirá justicia".

"Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", mantienen.

El equipo de Gobierno tacha de "intolerable" asimismo el hecho de que "se haga público (el auto) antes de notificarse a las partes".

Con todo, piensan que "son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción".

En la misma dirección, el PSOE también habla de "persecución" y de una "exposición pública y personal absolutamente desproporcionada" de más de dos años, máxime "teniendo en cuenta que solo hay ruido" y "ninguna prueba de que haya cometido delito alguno".

Para los socialistas, la instrucción "ha sido errática, desproporcionada y difícil de entender desde el primer momento", y recuerda que "varias decisiones del juez Peinado han sido corregidas por la Audiencia Provincial, incluida la retirada del pasaporte".

"Se ha sometido a una pena de telediario permanente durante más de dos años para desgastar políticamente a Pedro Sánchez", dictaban.