De la zozobra a la certeza: ¿acudir al Consejo de Estado como seguro de vida para las grandes inversiones en Defensa?

Ha transcurrido ya un año desde que el Ministerio de Industria articuló el ambicioso sistema de prefinanciación para los 16 Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas .

Se vertebró a través de siete reales decretos de concesión directa de préstamos a interés cero.

En el preámbulo de todos ellos se decía «Los préstamos objeto de este real decreto están amparados por el apartado 1.b) del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por estimarse que las actividades financiadas son necesarias para la protección de los intereses esenciales de la defensa y seguridad nacionales y dirigirse a actuaciones de naturaleza militar».

Uno de esos reales decretos, el 915/2025, se impugnó judicialmente.

General Dynamics Santa Bárbara alegaba, entre otras razones, nulidad de pleno derecho por la falta del dictamen del Consejo de Estado y pedía suspender cautelarmente los préstamos.Se trataba de inversiones industriales de escala histórica.

La mera sombra de una posible nulidad por la falta o no de ese dictamen generó inquietud en los ministerios de Industria y de Defensa, aunque se conocía que la Abogacía del Estado adscrita a Industria había informado que no era preceptivo recabarlo.

A pesar de que el Tribunal Supremo, el 20 de abril de 2026, denegó la suspensión cautelar haciendo prevalecer el «relevante interés público» de la modernización militar y la autonomía estratégica nacional frente a las expectativas económicas privadas, la incertidumbre continuó porque estaba pendiente la definitiva sentencia.El número 441, del mes de septiembre de 2026, de la Revista Española de Defensa precisó que los nuevos PEM previstos para 2026 elevarían la cartera a más de noventa programas, gestionados por el Ministerio de Defensa, con un techo de gasto conjunto de 34.000 millones de euros hasta 2042 y la misma publicación indicó que durante 2026 se prefinanciarían 2.318,80 millones de euros adicionales, a los que se sumaban los 4.500 millones prefinanciados en 2025.

Sabemos, además, que el Consejo de Ministros autorizó el 1 de septiembre una transferencia de crédito de 1.483 millones de euros a Industria para financiar nuevos PEM previstos para 2026.