Diana Morant trabaja 'in extremis' en un decreto contra la universidad privada para restituir el que tumbó el Supremo

A Pedro Sánchez le quedan cada vez menos martes para poder aprobar los decretos que tiene en mente.

Para convalidar los dos de Vivienda el plazo es hasta el 14 de noviembre, fecha tope para que la Diputación Permanente actúe.

El calendario electoral apremia pero, aún con todo, hay quien pone sobre la mesa la posibilidad de que el presidente pueda aprobar 'in extremis' un nuevo decreto de universidades que restituiría el que tumbó el Tribunal Supremo este jueves.

La norma, a la que se ha llamado «antichiringuitos», se aprobó para poner coto a los campus privados, y suscitó las criticas de varios ministerios, del propio Consejo de Estado , de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del sector educativo privado.

A las pocas horas de conocerse el fallo del Alto Tribunal, el presidente del Ejecutivo dejó toda una declaración de intenciones a través de un mensaje en sus redes sociales. «Acatamos el fallo del Tribunal Supremo, pero no nos cruzamos de brazos.

Ya estamos trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio», planteaba Sánchez en un tuit. ¿Se trataba de una promesa electoral? ¿De una intención que el Gobierno quiere hacer efectiva en estas semanas de descuento? ¿Recuperaría el ministerio que dirige Diana Morant el último anuncio del presidente, del pasado 18 de septiembre, por el que presentó otra norma «antichiringuitos»? Al plantearle todas estas cuestiones a Universidades, la respuesta es ambigua : «Se trata de una nueva norma sobre la que no podemos dar más detalles, de momento».

Lo que sí puntualizaron es que «la necesidad de este real decreto era y sigue siendo clara y urgente». «Forzar las costuras del Estado de Derecho» Resultaría paradójico que el Gobierno aprobara un nuevo real decreto para frenar el crecimiento de universidades privadas estos días pues, precisamente, la sentencia del Supremo le afea a Universidades haber utilizado «una urgencia insuficientemente justificada para eliminar la participación pública en la elaboración de una norma de esta trascendencia».

Es decir, sería casi una provocación que, después del varapalo del TS por la urgencia sin justificar, el Gobierno volviera a la carga con una urgencia aún mayor, ahora marcada por una legislatura a punto de agotarse.

Este diario ha consultado a varios especialistas jurídicos, que conocen bien los reglamentos y procedimientos internos que rigen el Congreso.

Todos ellos coinciden en su diagnóstico. « Materialmente es muy difícil, prácticamente imposible.

Pero este Gobierno está acostumbrado a forzar las costuras del Estado de derecho», resume uno de ellos.

El hecho de que Sánchez reaccionara raudo a la sentencia suscita varias preguntas.