El Gobierno agrava la crisis en la Agencia Tributaria con un plan para que sea más fácil ser inspector de Hacienda

Un nuevo frente ha venido a reactivar el incendio que desde hace varios meses afecta a uno de las instituciones esenciales del país: la Agencia Tributaria.

Un borrador elaborado en Función Pública, que concreta su plan de rebajar el nivel de exigencia de la oposición de acceso al cuerpo superior de inspectores de hacienda en la convocatoria de este mismo año, ha vuelto a agitar el ya turbulento clima interno en esta institución, cuya plantilla ya ha tenido que lidiar en los últimos meses con la incertidumbre por la posible transferencia a la Agencia Tributaria de Cataluña de parte de su personal en el territorio, con el daño reputacional de la pasividad del organismo en una serie de casos de presunta corrupción en el entorno del Gobierno y también con el 'shock' interno que ha supuesto la salida en tropel de su anterior directora general y de otros tres altos directivos.El documento, que aún no tiene el estatus de propuesta en firme, esboza un aligeramiento sustancial de las pruebas actuales de acceso para enrolarse en las filas de este cuerpo de élite de la Administración del Estado.

Según fuentes conocedoras del borrador, el planteamiento de Función Pública es reducir de cinco a cuatro las pruebas que tienen que superar los candidatos a convertirse en inspectores de Hacienda, eliminar nada menos que 30 materias del actual temario de alrededor de 190 que se tienen que preparar y abreviar a un solo examen de una hora de duración la exigente doble prueba oral de cerca de dos horas que hasta la fecha han tenido que superar todos los aspirantes a convertirse en inspectores de Hacienda.

La propuesta no llega al límite general de tres pruebas como máximo, supresión de la prueba de inglés y una formación máxima de seis meses antes de incorporarse al puesto que Función Pública ha establecido como protocolo general de actuación para las convocatorias de empleo público de este año, pero supone un recorte importante.El objetivo es claro: incrementar la tasa de aprobados, que ha sido del 60% y del 70% en las dos últimas convocatorias, por la vía de rebajar el nivel de exigencia.

El área de Función Pública lleva más de un lustro maniobrando para hacer más sencillas las pruebas de acceso a los cuerpos superiores de la Administración y más rápida su incorporación al puesto, y no ha encontrado mejor sistema que reducir el número de exámenes, diseñar temarios más ligeros y acortar o suprimir las temidas pruebas orales.

Sus argumentos son variados.

Por un lado, le mueve un enfoque práctico: la Administración del Estado tendrá que afrontar en los próximos años su particular gran relevo, el de una buena parte de los altos funcionarios cuyo perfil especialmente envejecido amenaza con dejar al Estado corto de directivos públicos.

Hay también un enfoque técnico.