Qué es la 'Ley de nietos': a quién afecta y por qué puede ser clave en las próximas elecciones generales

La llamada 'ley de nietos' se ha convertido en el centro del debate político después de que a principios de verano Alberto Núñez Feijóo denunciara una presunta «ingeniería electoral» del Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder del PP puso en la diana la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática y alertó sobre las 2,5 millones de solicitudes de nacionalización recibidas en los últimos años.Esta disposición, aprobada en el Congreso de los Diputados, permite que hijo y nietos de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo, obtengan la nacionalidad española de pleno derecho.El Tribunal Supremo considera que la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, genera un «peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral».De esta forma, el órgano jurisdiccional superior de España en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar), salvo en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia exclusiva corresponde al Tribunal Constitucional, suspendió de forma cautelar el censo de los residentes en el extranjero, el conocido como voto CERA, salvo que acrediten exilio político real de sus antepasados.

Una medida, adoptada a petición de Vox e Iustitia Europa, que paraliza los efectos electorales de estas altas hasta que el Alto Tribunal dicte sentencia, aunque mantiene intacta la nacionalidad ya concedida.Qué es y qué dice la denominada 'ley de nietos'La denominada 'ley de nietos' no es una ley independiente, sino una disposición de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 que permite adquirir la nacionalidad española de origen a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo.

En concreto, beneficia a nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que hubieran sido españoles y perdieran o renunciaran a la nacionalidad por exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación e identidad sexual.

También incluye a hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978 y a hijos mayores de edad de quienes se nacionalizaron por la anterior ley de memoria histórica de 2007.Una instrucción ministerial posterior estableció que se presumiría la condición de exiliado para quienes salieran de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que acreditaran esa salida, lo que amplió de facto el acceso a la nacionalidad.