Armas, impunidad y violencia en España

El ajuste de cuentas entre clanes que le ha costado la vida a una mujer embarazada, a su madre y a un menor, tiroteados desde una motocicleta con un arma larga en plena calle de Isla Cristina (Huelva) , confirma que en el espacio público de nuestro país se larva desde hace tiempo un triángulo descontrolado entre armas, narcotráfico, impunidad y violencia, una situación que remite a escenarios que nunca pensamos que pudieran vivirse en España.

Lo que subyace bajo esta noticia es una suma de factores que apuntan a una preocupante degradación de la ley y el orden en determinados territorios de nuestra nación: grandes grupos del narcotráfico que se desenvuelven con creciente descaro, un mercado negro de armas que parece desbocado, la reincidencia de delincuentes y, sobre todo, la dificultad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.Lo que antes se asociaba a las grandes organizaciones criminales está hoy al alcance de delincuentes de poca monta capaces de adquirir armas de fuego de gran calibre y utilizarlas con una violencia que hace tiempo dejó de ser excepcional.

La información que publica hoy este diario da cuenta de los precios a los que pueden adquirirse en el mercado negro pistolas a 4.000 euros, granadas a 500 y armas automáticas por menos de 10.000.

Los AK-47 y otros fusiles de guerra han dejado de pertenecer exclusivamente al imaginario de los conflictos lejanos y grandes bandas.

Se utilizan en nuestras calles, convirtiendo espacios familiares y turísticos en escenarios propios de la Sicilia de los años ochenta o del México contemporáneo.Lo ocurrido el domingo en Isla Cristina es una advertencia especialmente grave: en una calle cualquiera, a plena luz y ante los vecinos, unos individuos pueden ametrallar a otros y escapar.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afrontan esta amenaza con profesionales que muchas veces tienen que desempeñar su trabajo en condiciones extraordinariamente difíciles.

La presión sobre los agentes aumenta mientras las organizaciones criminales acumulan dinero, medios, armas y capacidad logística.

Es inevitable recordar en este punto la decisión adoptada en 2022 de reorganizar y desmantelar como unidad independiente el OCON-Sur, el órgano especializado de la Guardia Civil que había concentrado durante años la lucha contra el narcotráfico en Andalucía.

La cuestión de fondo es mucho más amplia.

Un Estado que permite que el narcotráfico gane terreno, que las armas circulen con facilidad y que los criminales actúen con la confianza de que las consecuencias serán limitadas está perdiendo algo más que el control de una parte de su territorio: está erosionando el principio básico de autoridad que preserva el orden público.

Lo mismo ocurre cuando el Estado es incapaz de controlar sus fronteras.