Madrid emplaza a las CC.AA. del PP a un boicot de última hora para bloquear la reforma de la financiación autonómica

La Comunidad de Madrid no asistirá este viernes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que estaba previsto votar la propuesta de reforma de la financiación autonómica planteada por el Gobierno, acordada en origen con sus socios de ERC y con el gobierno de la Generalitat de Cataluña, y este jueves ha realizado un llamamiento al resto de gobiernos autonómicos del Partido Popular para que ninguno de ellos acuda al cónclave e impedir así que haya el quórum que la normativa exige para poder aprobar cualquier cuestión en ese foro, en el que están representados todos los gobiernos autonómicos y el Gobierno central."Para la válida constitución del Consejo será necesaria la asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros", establece el punto primero del artículo 10 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Política Fiscal.

Esta disposición abre un resquicio legal para que una eventual ausencia de los once gobiernos autonómicos controlados por el PP pudiera bloquear el preceptivo trámite de aprobación de la propuesta del Gobierno en ese órgano, en el que la legislación española establece que se tienen que aprobar las modificaciones fiscales que afecten a las comunidades autónomas.

"Ni siquiera se podría celebrar la reunión", apuntan fuentes del Ministerio de Hacienda.El Consejo de Política Fiscal lo conforman 18 miembros: el Gobierno del Estado, los de las 15 comunidades autónomas de régimen común (11 de ellas gobernadas por el PP) y el de las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).

Un plante general de las administraciones en poder del PP impediría el necesario quórum que la ley exige para aprobar la propuesta de reforma de la financiación autonómica del Gobierno.La maniobra, que se contemplaba como una posibilidad tangible en los cuarteles centrales del Ministerio de Hacienda desde hace semanas y que no todos los gobiernos del PP comparten, busca aprovechar un resquicio procedimental para retrasar el envío de la reforma de la financiación autonómica al Congreso y, por tanto, entorpecer su trámite parlamentario, en el que el Gobierno, como avanzó ABC, tiene puestas muchas esperanzas, ya que considera que hay posibilidades reales de que sea aprobada por mayoría en el Parlamento.El Ejecutivo madrileño se apresuró a hacer pública su posición a primera hora de la tarde, apenas un par de horas después de que finalizara la reunión de la comisión técnica del CPFF, en la que Hacienda rechazó una por una todas las alegaciones a su propuesta planteadas por los gobiernos autonómicos del PP.