Once activistas de Greenpeace se enfrentan a cinco años de cárcel por una protesta contra un buque de gas en Sagunto

Cinco años después de una protesta contra los combustibles fósiles en el puerto de Sagunto, once activistas de Greenpeace se sientan desde este miércoles en el banquillo de los acusados en València.

La Fiscalía solicita cinco años de prisión para cada uno de ellos, además de la reparación de los daños que pudieran determinarse durante el procedimiento.

Greenpeace sostiene que se trata de la mayor pena solicitada contra activistas medioambientales en Europa por una acción de estas características.Los hechos se remontan a 2021, cuando los activistas participaron en una acción directa contra la llegada a Sagunto de un buque gasero procedente de Estados Unidos.

La protesta se desarrolló en un contexto marcado por el debate sobre la dependencia de los combustibles fósiles y la transición energética.

Las once personas acusadas son de ocho nacionalidades diferentes, cuatro de ellas españolas.

Greenpeace asegura que ya ha afrontado sanciones administrativas relacionadas con la acción por un importe superior a 160.000 euros.El procedimiento penal llega ahora a los tribunales.

La organización ecologista sostiene que la protesta fue pacífica y que no se produjeron daños personales ni a la navegación marítima.

La Fiscalía, por su parte, mantiene su acusación y solicita cinco años de prisión para cada uno de los encausados.Plantarse frente al derrotismoLa acción tuvo como objetivo denunciar la llegada de gas procedente de Estados Unidos y reclamar una reducción del uso de combustibles fósiles.

Los activistas trataron de interferir en la entrada del buque mediante una acción de protesta.

Uno de los acusados, Francisco del Pozo, ha defendido el sentido de aquella movilización y ha situado el proceso judicial dentro del debate sobre la respuesta frente a la crisis climática. «Ser activista climático hoy en España es plantarse frente al derrotismo», ha señalado.Del Pozo considera que la protesta pretendía llamar la atención sobre los efectos del cambio climático y sobre la necesidad de modificar el modelo energético. «Tener un planeta habitable aún es posible, pero hay que hacer cambios y que los verdaderos culpables paren y paguen por lo que han hecho», ha afirmado.

El activista también ha destacado el impacto personal que, según explica, ha tenido un procedimiento judicial abierto durante cinco años. «Ser activista también es sufrir junto a tus seres queridos durante años la ansiedad y la preocupación de ser injustamente acusados de delitos», ha declarado.La defensa sostiene que los hechos deben analizarse desde la perspectiva del derecho a la protesta y de la desobediencia civil.