El Gobierno presiona a los socios para desbloquear el decreto de vivienda y recuperar iniciativa tras la crisis de Ceuta

El ministerio de Vivienda quiere acelerar las negociaciones con los grupos parlamentarios para poder llevar el decreto sobre alquileres al Consejo de Ministros . La premisa pasa por acercar antes un con acuerdo con los socios, sin embargo, los v etos cruzados y las posiciones de máximos lo están impidiendo, según explican desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez. De ahí que se apueste por incrementar la presión y el evar la negociación “máximo nivel”. El principal “escollo”, según apuntan, está en Junts.

Tras el intercambio de documentos de los últimos días, en ERC rebajan el optimismo del Ejecutivo y descargan la responsabilidad de que no se esté avanzando en los socialistas. “ Es el PSOE quien lo frena” , aseguran desde la dirección del grupo en el Congreso al cuestionar que no se acepten algunas de sus exigencias como gravar la especulación inmobiliaria y la acumulación de viviendas. Pese a ello, los socialistas se muestran confiados para insistir que “hemos recogido iniciativas de los grupos, vamos a apurar”.

Pedro Sánchez arrancó la pasada semana tratando de poner el foco en el problema de la vivienda y lanzando un guiño al arco izquierdo del Congreso al defender la intervención del mercado “con todas las herramientas posibles” . Con la crisis en Ceuta amenazando con enquistarse, el Ejecutivo busca retomar algo de iniciativa y el decreto de vivienda es una oportunidad para poner el foco en su agenda política.

Desde Sumar han elevado la presión para llevar ya el decreto al Consejo de Ministros. Ambas formaciones pactaron antes del verano un texto que contempla una "prórroga reforzada" del alquiler. De este modo, se permitirá alargar dos años más aquellos arrendamientos que venzan antes de julio de 2028, ampliando seis meses más el plazo que se incluyó en el primer decreto de prórroga que tumbaron los posconvergentes junto a PP y Vox. Se cifra en un millón y medio de hogares los potenciales beneficiarios, lo que incluye a cuatro millones de personas.

La intención del Ejecutivo es incluir la subida del IVA al 21% de los pisos turísticos o la regulación de los alquileres de temporada para limitar este tipo de contratos a supuestos suficientemente justificados y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler. Asimismo, se pretende hacer obligatorio que los contratos de alquiler sean por escrito.

Desde Podemos, por su parte, ya avanzaron que no apoyarían un decreto con “regalos fiscales” a los fiscales, así como si incluye la reforma de la ley del suelo que permite agilizar los trámites urbanísticos. Junts ha propuesto lo primero, mientras que lo segundo es una exigencia del PNV. Difíciles equilibrios con los que deberá lidiar el Ejecutivo en aras de un texto que sigue lejos de poder consensuarse.

Otro de los puntos de fricción en el que se vuelven a reproducir los vetos cruzados tiene que ver con la moratoria antidesahucios. El Gobierno ya tuvo pactar con el PNV que solo se paralizasen los desahucios en aquellos casos donde el inquilino fuera vulnerable y el propietario tuviera una o dos viviendas, aunque finalmente lo tumbó igualmente Junts.