El precio de la tasa verde de la UE: hasta 800 euros por coche producido y fertilizantes un 30% más caros

Si algo distingue la segunda legislatura de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea (2024-2029) con respecto a la primera (2019-2024) es que el debate sobre la competitividad ha ganado peso sobre las políticas verdes, en un viraje que tuvo su primer hito con la presentación del plan Draghi y que se ha visto acelerado con la oleada arancelaria de la segunda administración Trump.

Sin embargo, a Bruselas no le está resultando fácil sintonizar la virtud con la necesidad, y el mejor ejemplo de ello es el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión ( RCDE ), el mecanismo que obliga a las empresas comunitarias intensivas en el uso de energía (industria pesada, energéticas o transportes) a pagar por el CO2 que emiten.Hace tiempo ya que patronales e institutos de análisis advierten de que el excesivo rigor de la norma está restando competitividad al Viejo Continente y acelerando las deslocalizaciones, y ayer el Club de Exportadores dio más argumentos a este coro de opositores con la publicación de un informe muy duro con la llamada 'tasa verde'.

En una nota firmada por el economista del Estado Antonio Merino, los exportadores advierten de que el gravamen está provocando un «shock de costes» equivalente a un «arancel interno».Para ilustrarlo, el experto pone de ejemplo la industria automovilística.

La fabricación de coches no está sujeta al régimen RCDE de manera directa, pero sí indirectamente porque se trata de empresas que necesitan grandes cantidades de energía o aluminio.

El caso es que, con un precio de 100 euros por tonelada de CO2 (datos de 2022, cuando hubo récord de precios), el sobrecoste puede situarse entre los 600 y 800 euros por vehículo y absorber entre un 30 y 70% del beneficio unitario.Actualmente el CO2 cotiza más barato, pero el riesgo es evidente, pues todo lo que encarezca la producción termina por ahuyentarla.

Para evitar esto, en 2023 Bruselas introdujo el MAFC, una tasa que se aplica a las importaciones de cemento, hierro o fertilizantes (entre otros) con ánimo de evitar la llamada ' fuga de carbono ', pero el mecanismo se quedó corto porque no incluía coches, neveras, lavadoras o cualquier otro de los sectores que -como se ha visto en el ejemplo- son pagaderos del RCDE.

De hecho, Bruselas es perfectamente consciente de ello, pues en este momento el Parlamento Europeo tiene encima de la mesa una propuesta para que a partir de enero de 2028 las importaciones de productos transformados también paguen por lo que han contaminado.Sea como fuere, para Merino de poco servirán estos remiendos para contener los efectos perniciosos de la tasa verde.