El recurso del Defensor del Pueblo sobre la 'ley de nietos' rompe al sector progresista del Constitucional

Por primera vez desde la llegada de Cándido Conde-Pumpido a la presidencia del Tribunal Constitucional, la mayoría progresista amenaza con fracturarse con motivo del recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo para desactivar la suspensión del censo de la 'ley de nietos' acordada por el Tribunal Supremo.

La reunión de los tres magistrados que componen la sección cuarta del órgano de garantías evidenció este lunes que los miembros del grupo progresista que conforman la mayoría del Tribunal no comparten el mismo criterio sobre el destino que se ha de dar al recurso de Ángel Gabilondo, el primer amparo que interpone en sus cinco años de mandato (que vence el mes que viene) y el duodécimo que presenta esta institución en los 45 años de historia del TC.

Así, la magistrada María Luisa Balaguer, presidenta de esta sección, se posicionó a favor de la inadmisión propuesta por el ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, mientras que Ramón Sáez votó a favor de la admisión.

La entidad del asunto llevó a Balaguer a proponer la avocación a Pleno, de forma que serán los doce magistrados, y no solo algunos de ellos, los que participen en esta crucial decisión.

Se hará en el cónclave de esta semana, tras introducirlo el presidente como un punto más del orden del día previsto para esta semana.

Fuentes del TC señalan que con toda probabilidad se verá el miércoles.

Aunque la postura de cada magistrado se desvelará en ese pleno, lo que sí se ha constatado en la reunión a pequeña escala de la sección cuarta así como en los contactos informales que se han producido en el tribunal es que mientras los cinco magistrados del bloque conservador ven clara la inadmisión por prematura, los progresistas no llegan a ese Pleno con una sola postura.

La de Balaguer está clara, tanto que, aun suponiendo que todos los demás magistrados de su bloque pensaran como Sáez, ella ya habría provocado una situación de empate (6-6).

Pero es que además el voto de Conde-Pumpido puede ser decisivo para que la inadmisión gane enteros porque hasta la irrupción en escena del Defensor del Pueblo, fuentes próximas a la presidencia del tribunal mantenían que cualquier recurso que se presentara sin agotar la vía jurisdiccional sería inadmitido.

Esas fuentes descartaban así una hipotética maniobra de urgencia que pudiera llegar a un choque con el Tribunal Supremo, quien, junto con la administración electoral, tienen la competencia exclusiva« de la jurisdicción ordinaria en esta materia».

La postura de Ramón Sáez, el magistrado con el perfil más izquierdista de los que componen el tribunal, también parece clara.