El juez Peinado afronta su último mes antes de jubilarse pendiente de si será sancionado por sus excesos y retrasos

Los ajustados plazos apuntan a que el instructor del caso contra Begoña Gómez sólo podría ser reprendido con la sanción menos severa de entre todas las que tienen carácter leve si es que el Tribunal Superior de Madrid decide imponerle algún correctivo Jueces sin toga en las redes: corporativismo e impunidad tras llamar “Barbigoña” a la mujer de Sánchez El juez Juan Carlos Peinado encara sus últimas semanas en activo con un asunto que puede marcar el final de su trayectoria en la carrera judicial: su posible sanción disciplinaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) empezará a analizar en septiembre si las quejas que le trasladó el pasado julio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueden acarrear una sanción leve para el juez que ha logrado sentar en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, según informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

La jubilación forzosa de Peinado está prevista para el 27 de septiembre, cuando cumplirá la edad máxima que pueden tener los magistrados en activo, fijada en los 72 años.

A partir de entonces, se extinguirá cualquier posibilidad de sanción disciplinaria.

Tras el parón del mes de agosto, el tribunal madrileño empezará a analizar la documentación a partir de septiembre.

En primer lugar, tendrá que decidir si le abre expediente disciplinario o rechaza de plano emprender cualquier actuación con las diligencias que le remitió el Consejo General del Poder Judicial.

En todo caso, teniendo en cuenta el protocolo a seguir y los plazos temporales tan ajustados, las fuentes consultadas auguran que Peinado solo podría ser reprendido con la sanción menos severa de entre todas las que tienen carácter leve si es que finalmente el tribunal decide imponerle algún correctivo.

Se trata de la sanción de advertencia, una especie de reproche disciplinario formal sin ni siquiera multa económica.

El artículo 422.1 de la ley del Poder Judicial determina que la advertencia se impondrá “sin más trámite que la audiencia del interesado, previa una información sumaria”.

Las fuentes consultadas explican que se trata de un procedimiento rápido, en el que se analiza la documentación remitida por el CGPJ y se da audiencia al juez afectado, con lo que daría tiempo a culminar el proceso durante septiembre.

Además, la decisión depende únicamente de la presidencia del tribunal, un cargo que actualmente ocupa en funciones la magistrada Aurora de la Cueva después de que el pasado 20 de julio su anterior presidente, Celso Rodríguez Padrón, tomara posesión de su nuevo puesto en el Tribunal Supremo .

De la Cueva ocupa el cargo de forma interina dado que es la presidenta de Sala más antigua de ese órgano judicial.