Un informe jurídico arroja dudas sobre las obras de Sol y suma ramificaciones al caso del ático de Ayuso

La crisis de áticos que afecta a la presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sumando ramificaciones.

A la compra de un inmueble de uso residencial con dinero de todos los ciudadanos, alegando que sería utilizado como oficina, pese a que este uso sería ilegal; su ubicación frente a la vivienda familiar de la que es propietaria la baronesa del Partido Popular (PP) y la venta de los dos pisos en los que residía junto a su novio, Alberto González Amador, se suman ahora las sospechas sobre las supuestas obras en Sol.

La Comunidad de Madrid y la propia presidenta justificaron la compra del lujoso ático aludiendo a unas supuestas obras necesarias en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional; sin embargo, este inmueble fue comprado con anterioridad a la primera adjudicación y nadie conocía que fuese a producirse ningunos trabajos en este edificio, tipificado como Bien de Interés Cultural (BIC), dado que no pasaron los trámites públicos habituales.

Además, el proyecto fue adjudicado a dedo y la revelación del expediente administrativo ha abierto una nueva línea de investigación por sus incongruencias y contradicciones.

Varias denuncias cercan los tejemanejes inmobiliarios del Ejecutivo de Ayuso y un informe jurídico elaborado por uno de los denunciantes, con la colaboración de arquitectos, aparejadores e ingenieros de edificación, pone el foco en las obras de la sede ubicada en la Puerta del Sol.

Unos trabajados cuyo pliego técnico, memoria justificativa y memoria de necesidad se firman el 2 de junio y, tan solo dos días después, ya cuentan con la firma de la orden de inicio de expediente.

Menos de dos semanas después, todo se firma y aprueba, dejando solo ocho días para presentar oferta a la única empresa invitada.

La empresa elegida, la única invitada La agraciada fue Pombo Estudio S.L., propiedad de Alejandra Pombo, prima de la influencer María Pombo.

El contrato establecido tiene como objeto el diseño, redacción del proyecto de decoración interior y dirección facultativa para la adecuación de espacios institucionales de la Real Casa de Correos y fue adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad, al amparo de la Ley de Contratos.

Es decir, no existió concurso porque, según la Comunidad, tan solo esta empresa podía realizar estos trabajados, una excepcionalidad de obligada acreditación que la Administración regional es incapaz de justificar debidamente.

Es una "actuación artística única", apuntan desde la Comunidad de Madrid, para "potenciar la imagen institucional" del edificio y a que las estancias estén "a la altura de la estética exigida por la Consejería".