La Policía detecta un fraude de regulación masiva de inmigrantes con certificados a 60 euros

Un certificado de exclusión social, que acredita que la persona no tiene medios para vivir, a cambio de una simple afiliación a una ONG por 60 euros .

Esa es una de las trampas que la Policía Nacional ha encontrado en la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Una de las razones por las que se podía solicitar era por vulnerabilidad.

Para ello hacía falta un informe de los servicios sociales, pero en esta vía exprés para conseguir 'los papeles' llena de atajos no tenía por qué ser de la Administración.

Esos documentos los podía hacer una simple ONG, como certificadora de que había prestado atención al usuario.

Y ahí la trampa detectada en lugares como Almería.

La fórmula era mucho más sencilla y rápido que acudir a un centro de inmigrantes o de acogida tutelado, donde los propios Servicios Sociales del Consistorio de turno hacían las evaluaciones o los trabajadores sociales de las organizaciones de acogida.

Pero ahí lo primero que había que hacer era esperar largas colas para ser atendido.

Cuando tocaba el turno, además, había que pasar los triajes pertinentes y someterse a las reglas de acogida.

Luego el solicitante debía someterse a las entrevistas con los trabajadores sociales.

Un largo camino en el que se podía ser descartado, por lo que el atajo era más sencillo. «Hay quien se cree que ha mandado un correo a una ONG en Madrid o Barcelona, les han pedido afiliarse a la misma y pagar una cuota de unos 60 euros.

Con eso le han enviado el certificado sin más esperas», apuntan fuentes policiales a ABC, que explican que esa forma de actuar constituye «un fraude de ley, que no llega a ser estafa». «Ahora hay que investigar y probar que no se han hecho, por ejemplo, las entrevistas para acreditar la situación de exclusión social», afirman las fuentes.

La regularización masiva de inmigrantes está dejando muchas sombras, sobre todo por la acumulación de documentos sospechoso de los que no se puede constatar su procedencia o simplemente saber si se han cumplido todas las garantías.

El sistema aprobado por el Gobierno se hacía por un registro telemático llamado 'Mercurio'.