La Policía sopesa acudir a los tribunales por las órdenes «políticas» de no actuar contra los acampados

El sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía, se ha pronunciado muy durante al hilo de la información publicada hoy por ABC sobre la falta de información por parte de los responsables políticos de la seguridad respecto a las acampadas por la vivienda.

Confirma que desde las delegaciones del Gobierno, como la de Madrid, no se están comunicando a los agentes que intervienen en los dispositivos datos fundamentales para poder evitar altercados de orden público, y lo achacan a «un interés electoral».

Por ello, sus servicios jurídicos sopesan llevar este extremo a los tribunales.

El TSJM se negó esta semana a tomar medidas cautelares tras considerar que el delegado del Gobierno en Madrid no ha sucumbido en una «dejación de funciones».

El ambiente, además, se caldea día a día con la colonización de grupos radicales de okupas, anarcoecologistas y de apoyo a Hamás dentro de lo que se supone que es una protesta por la vivienda digna.Jupol añade que «la situación resulta especialmente alarmante por la falta de información a la Policía Nacional sobre manifestaciones comunicadas, concentraciones y otros acontecimientos»: «Privar a los responsables policiales de la información y de las instrucciones necesarias para planificar sus dispositivos compromete la anticipación, la coordinación y la capacidad de respuesta de las unidades».Asegura el sindicato que «nunca había conocido una situación de estas características, ni siquiera en anteriores periodos con un Gobierno en funciones».

Hablan de «una interrupción de los procedimientos habituales para organizar los servicios policiales ante acontecimientos que requieren la intervención de las Unidades especializadas en orden público como son la Unidad de Intervención Policial (UIP) o de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR)».

El último ejemplo lo tuvimos la noche de este jueves, con la marcha desde la acampada de la Puerta del Sol al antiguo domicilio de Maricarmen, la anciana fallecida dos semanas después de su desahucio del piso en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, 46.

Miles de personas cortaron los viales que discurren entre ambos puntos.

La Delegación del Gobierno no anticipó la manifestación, que, además, no había sido comunicada por los cauces legales.