El Gobierno estudia cómo acortar por ley los plazos de expulsión de migrantes y busca nuevas plazas de acogida en Ceuta

Tras haber empezado ya los trabajos técnicos, Marlaska propondrá la semana que viene ante la UE flexibilizar exigencias para poder reducir los plazos administrativos ante situaciones excepcionales como las de la frontera del Tarajal, mientras Ángel Víctor Torres negocia con Vivas más emplazamientos para sacar de la calle a 3.500 personas El Gobierno se lanza a por Vivas tras 50 días de choques: “Hemos decidido defendernos ante tanto ataque” Una reforma legal para expulsar mucho antes a las personas migrantes que no tengan derecho a asilo en contextos de crisis como la que afronta Ceuta .

Según ha podido confirmar elDiario.es con varios de los ministerios implicados, el Gobierno ha empezado ya con los trabajos técnicos para estudiar de qué forma podrían acortarse de manera sustancial los actuales plazos administrativos y judiciales, ahora fijados en un máximo de doce semanas.

El objetivo es poder afrontar cuanto antes los operativos de retorno al país de origen en los casos en que el solicitante no cumpla con los requisitos exigidos para ser amparado por los mecanismos de protección internacional, que el Ejecutivo cree que es la situación de la inmensa mayoría de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

Al proceder de Marruecos, un país considerado seguro por la Unión Europea, la normativa estatal y comunitaria vigente permite denegar de manera prioritaria las solicitudes de asilo.

Pero siempre sustentado en un procedimiento garantista muy tasado, que incluye plazos que impiden en la práctica llevar a cabo expulsiones o devoluciones en cortos espacios de tiempo por mucho que los demandantes de protección no tengan el perfil que se requiere.

Esto es: ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género o preferencia sexual, o huir de un conflicto armado.

Y lo que advierte el Gobierno es que la práctica totalidad de marroquíes que cruzaron la frontera del Tarajal lo hicieron por motivos económicos y, por tanto, serán devueltos.

Pero ese retorno a Marruecos será para muchos de ellos el final de un largo proceso administrativo que se inicia ahora, que el Ejecutivo calcula que se puede prolongar hasta finales de año y que obliga al Estado a dar acogida mientras tanto.

Un imperativo legal de los países de llegada y un derecho de las personas migrantes que, en el caso de Ceuta, confluye en el colapso de la capacidad de respuesta de las administraciones tras la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma, muchas de las cuales aún duermen en las calles.

Ese procedimiento administrativo arranca con el paso del triaje, que en el caso de Ceuta se lleva a cabo principalmente en las instalaciones del Centro de Atención Temporal (CATE) situado en las naves del Tarajal.