Ya es oficial: ocupar un monte público para un uso privado solo será posible si no existe otro lugar donde hacerlo

La nueva Ley de Montes de Andalucía solo permite usos privados en montes públicos si se demuestra que no existe otra alternativa de ubicación.

Las concesiones para uso privativo no son automáticas y requieren un informe favorable que confirme la compatibilidad con los valores naturales del monte.

Las concesiones tendrán una duración máxima inicial de diez años, prorrogables hasta un total de 75 años.

Ocupar terrenos públicos sin permiso puede conllevar multas de hasta un millón de euros, según la gravedad de la infracción.

Instalar una actividad privada dentro de un monte público no depende únicamente de disponer de espacio suficiente o de llegar a un acuerdo económico con la Administración. La nueva legislación forestal andaluza establece una condición previa especialmente clara: habrá que demostrar por qué ese proyecto necesita situarse precisamente allí.

La Ley 3/2026, de Montes de Andalucía, introduce una regla para las ocupaciones de interés particular en montes públicos. Estas solo podrán concederse cuando se acredite que es necesario afectar ese terreno porque “no existe otra alternativa de ubicación”.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 20 de marzo y entró en vigor el 9 de abril de 2026 , sustituyendo a la antigua Ley Forestal andaluza de 1992. Su régimen sancionador comenzó a aplicarse el 20 de junio.

Eso no significa que quede prohibido desarrollar cualquier actividad privada en terrenos forestales públicos. La ley establece un sistema de autorizaciones y concesiones según el tipo de uso.

La clave está en qué entiende la norma por ocupación . No se refiere a entrar ilegalmente en un terreno , sino a reservar una parte del monte para un uso que limita o excluye que otras personas utilicen ese espacio. La ley denomina esta situación “uso privativo” y exige una concesión administrativa.

La Administración no puede concederla automáticamente. Antes debe existir un informe favorable que confirme que la actuación es compatible con los valores naturales del monte.

Además, el artículo 19.6 establece que, cuando se trate de una ocupación de interés particular, deberá demostrarse que el proyecto necesita instalarse en ese monte público porque no existe una alternativa de ubicación.

En la práctica, eso convierte el uso privado de terreno forestal público en una opción que debe justificarse. Aun así, acreditar que no existe otra localización no obliga a la Administración a conceder el terreno.

El proyecto tendrá que seguir siendo compatible con los valores del monte , ajustarse a su planificación y obtener las autorizaciones necesarias. Si está sometido a prevención ambiental, será necesario el informe favorable del órgano forestal.

La ley establece además que estos procedimientos deberán respetar los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.