La UCO destapa la colocación a dedo de familiares del PSOE en la Junta de Andalucía

Entraron por la puerta de atrás (sin oposición ni concurso) a una fundación pública meses antes de ser disuelta y hoy ocupan puestos fijos en la Junta de Andalucía.

Un nuevo atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone nombres y apellidos a lo que era un secreto a voces: que familiares de antiguos altos cargos del PSOE fueron colocados en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) sin superar ninguna prueba.

En un informe entregado el pasado 29 de julio al juez José Ignacio Vilaplana, que investiga el supuesto enchufismo de 84 empleados de la entidad pública durante la etapa socialista, el Grupo de Delincuencia Económica del Instituto Armado revela que las contrataciones se asimilaron a «un proceso de libre designación más que a uno de libre concurrencia». «Han sido llevadas a cabo de manera arbitraria y discrecional».

Es la conclusión a la que llega la UCO tras examinar con profundidad los expedientes de diez personas, en su mayoría familiares de dirigentes y cargos socialistas colocados en la Junta de Andalucía, cuyas nóminas se financiaban con las subvenciones que le inyectaba la propia Administración autonómica para dar cursos a los desempleados andaluces.

Siguiendo la pista de los 300 millones de euros de fondos públicos que recibió la Faffe durante los ocho años que estuvo funcionando (2003-2011), los agentes descubrieron correos electrónicos en los que mandos de la Faffe aleccionaban a sus subordinados sobre a quiénes había que colocar y con qué cargos estaban emparentados.

Para no dejar rastro, les ordenaban «destruir» los mensajes tras leerlos.La investigación detalla cómo se retorció la maquinaria administrativa para beneficiar con un empleo público a personas de la órbita socialista.

Después de estudiar con detalle los expedientes de contratación requeridos a la Junta mediante un mandamiento judicial, la UCO constata «la existencia de numerosas irregularidades» que ponen de manifiesto que los elegidos entraron a trabajar en la Administración « de manera arbitraria y discrecional ».

Lo hicieron a través de procedimientos de selección que califica como «totalmente opacos», en los que se vulneraron los principios de «legalidad, transparencia, capacidad, mérito e igualdad de oportunidades, los cuales rigen el acceso al empleo público».

A falta de un examen objetivo, «la entrevista personal, en aquellos casos en los que constaba haberse realizado, fue la única prueba llevada a cabo» para entrar a trabajar en la Faffe.Toda la arquitectura de esta trama clientelar aparece descrita en un informe de 231 páginas al que ha tenido acceso ABC .