El juego macabro con el derecho al voto
La cita electoral del próximo 29-N lleva camino de pasar a la historia de los comicios marcada por una controversia jurídica que amenaza con cobrarse una pieza que debería ser intocable, la del derecho al voto de 163.020 personas.
Esta es la cifra de los hijos y nietos de exiliados durante el franquismo —entre el comienzo de la Guerra Civil y el 31 de diciembre de 1955—, que han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
La posibilidad —prácticamente certidumbre— de que dichos ciudadanos no podrán ejercer ese derecho deriva de la última decisión del Supremo de mantener la medida cautelar que suspende la efectividad de su inscripción en el censo.
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