El Gobierno ofrece a las CC.AA. una mayor porción del pastel fiscal del ladrillo en su última propuesta de financiación

En su intento de sumar adhesiones a una reforma de la financiación autonómica que hasta la fecha solo cuenta con el respaldo de Cataluña y de Canarias, el Ministerio de Hacienda ha introducido un retoque técnico en su propuesta inicial de enero que permitirá a los gobiernos autonómicos quedarse con una parte mayor de los suculentos ingresos fiscales que genera la actividad inmobiliaria, uno de los principales sostenes de su recaudación y sin duda una de las fuentes de ingresos que se perfila como más relevantes en los próximos años.Un análisis de los cambios planteados por Hacienda en su última propuesta de reforma de la financiación autonómica difundido este lunes por Fedea y elaborado por su director, Ángel de la Fuente, uno de los expertos más reconocidos en este campo, concluye que los ajustes introducidos en el cálculo de la aportación que las comunidades autónomas tienen que hacer al sistema desde el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) permitirá retener en sus arcas a la mayoría una porción mayor de los recursos que obtienen por estos impuestos.El informe de Ángel de la Fuente destaca que el modelo de cálculo actual hace que muchas comunidades autónomas inoculen al sistema de financiación más recursos de los que les correspondería por la recaudación real que obtienen por estos impuestos.

Según sus cálculos, el sistema actual descuenta que las autonomías obtienen de media 257 euros por habitante ajustado, cuando la realidad es que solo ingresan unos 236 euros.

La propuesta del Gobierno ajusta esa aportación a 214 euros.Bajo esa premisa, la aportación que las comunidades autónomas hacen al sistema de su recaudación por estos impuestos (el 75% del total) -sin contar los cambios normativos que cada una acometa- se reduciría en torno a un 16%. «La aportación al sistema no cambia, ya que seguiría siendo del 75%, pero de algo mejor medido», explica Ángel de la Fuente, «porque lo que tenga que ingresar cada uno reflejará mejor su capacidad fiscal».Más dudas le ofrece a Fedea la propuesta pactada por Hacienda y Cataluña de sufragar el coste de los futuros traspasos de competencias con un porcentaje mayor de participación en el IVA. «Se trata de una complicación innecesaria que reduciría la transparencia del sistema y dificultaría la necesaria revisión de la valoración de las competencias no homogéneas para ir integrándolas en la lógica general del sistema en lugar de mantener indefinidamente un sistema de coste efectivo», advierte De la Fuente.