La jueza del caso Ceuta pisa el acelerador: "imágenes de satélite", "análisis biométricos" y el rastro de las alertas dentro de España

El auto que dictó este miércoles la magistrada María Tardón deja clara su intención de llevar a cabo una investigación minuciosa y exhaustiva sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta a finales de julio.

En un solo escrito de 18 folios, la instructora de la Audiencia Nacional acordó realizar decenas de diligencias que se podrían agrupar en dos: las enfocadas a determinar la autoría de lo que ella misma ha calificado de "grave ataque a la integridad territorial de España" y las encaminadas a comprobar si hay alguna responsabilidad penal en la respuesta que el Estado español ha dado a esta crisis.

Para lograr ambos objetivos, Tardón pretende utilizar todos los medios que tiene a su disposición.

Es por ello que ha enviado requerimientos a más de una decena de unidades policiales y militares e instituciones como la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ministerio del Interior.

El escrito de la instructora acuerda enviar hasta 14 oficios para seguir el rastro de las alertas que precedieron a la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

El objetivo no es otro que determinar qué instituciones de España manejaban información sobre el riesgo de un suceso como el que tuvo lugar y cómo actuaron esas instituciones.

Con esta misma intención, Tardón ha citado como testigos al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas , al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, y al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Más allá de indagar en la respuesta "dentro del territorio nacional", la magistrada de la Audiencia Nacional ha acordado también una extensísima batería de diligencias que buscan determinar quién está detrás de este "ataque híbrido", según lo definió ella misma en el auto que dio pie a la apertura de la causa.

Teniendo en cuenta la importancia de la convocatoria online que impulsó la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, parte de las actuaciones se integrarán en una "pieza separada de investigación tecnológica" que tendrá "naturaleza secreta".

En el marco de esta pieza, María Tardón ha ordenado enviar comisiones rogatorias —solicitudes de colaboración— a las grandes compañías tecnológicas: Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, Tik Tok, Telegram, Google y Apple.

La jueza solicita a estas empresas que envíen información sobre los teléfonos, usuarios y direcciones IP que se emplearon para viralizar el llamamiento a cruzar a nado las aguas que rodean al Espigón de El Tarajal.

Con esta y otras diligencias, Tardón busca atajar cómo se preparó la convocatoria que finalmente resultó en el traspaso de la frontera por parte de "entre 75.000 y 85.000" personas.