Tres décadas de acuerdos, 92 peticiones denegadas desde 2018... Así es el pacto de extradición que Marruecos estudia suspender

"Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España ".

Con estas palabras, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha tensionado aún más las frágiles relaciones diplomáticas actuales entre España y Marruecos.

Según asegura, cuando Marruecos solicita a España la entrega de alguna persona, en ocasiones se producen "situaciones incomprensibles" en las que agentes marroquíes se desplazan a España para recoger a reclamados y la entrega no se produce porque el sujeto ha sido puesto en libertad.

"Nosotros también aplicamos el mismo procedimiento, mientras que sí entregamos a todas las personas cuya entrega solicitan los españoles", afirma el ministro Ouahbi.

Desde el gobierno alauita, reclaman a España que traten "con seriedad" estos procedimientos, que suponen una falta de reciprocidad que Rabat ya no está dispuesto a aceptar.

"Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos", concluyó.

Esta advertencia marroquí puede poner en jaque un andamiaje legal que se remonta casi 30 años , hasta el primer convenio bilateral de 1997.

Casi tres décadas desde el primer Convenio La cooperación judicial en el marco de la extradición entre Madrid y Rabat se formalizó con el Convenio de Extradición del 30 de mayo de 1997 y entró en vigor en julio de 1999.

"Animados por el deseo de mantener y reforzar los vínculos que unen a ambos países", los entonces ministros de Justicia Margarita Mariscal de Gante y Abderrahmane Amalou firmaron el documento en la capital española.

Aquel texto, que comenzó a aplicarse de forma provisional ese mismo día, sentó las bases para la entrega mutua de personas procesadas o condenadas , estableciendo principios fundamentales que aún perduran, como la no extradición de nacionales y la exclusión de los delitos políticos, con la certeza explícita de que el terrorismo nunca recibiría esa consideración.

Con el objetivo de modernizar estos mecanismos, ambas naciones suscribieron un nuevo convenio en Rabat el 24 de junio de 2009 , con las rúbricas de los ministros Francisco Caamaño y Abdelwahad Radi .

Aunque su aplicación provisional comenzó meses después de la firma, no fue hasta el 1 de septiembre de 2012 cuando este acuerdo entró en vigor de forma definitiva, tras cumplirse las formalidades constitucionales .

Este tratado es el que rige la relación actual entre ambas naciones en materia de extradición, fijando los umbrales de gravedad necesarios para la entrega.

Son necesarios hechos castigados con un mínimo de dos años de prisión para procesados o seis meses para quienes ya cuentan con sentencia firme .