La sentencia del Supremo a la 'ley de nietos' activa una carrera contrarreloj para sacar del censo a 163.000 españoles antes del 29N

El Gobierno quiere acatar la orden del Tribunal Supremo de quitar el derecho a voto a más de 163.000 españoles nacionalizados por la llamada 'ley de nietos'.

Los jueces de la Sala Tercera rechazaron este lunes los recursos de la Abogacía del Estado, y mantuvieron la medida cautelar, pedida por la ultraderecha, de sacar del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) a quienes obtuvieron la nacionalidad por ser descendientes de exiliados durante el franquismo, como contempla la Ley de Memoria Democrática.

A pesar de que critican la situación generada, que califican "de extraordinaria gravedad", Moncloa activó una carrera contrarreloj para llevarla a cabo antes del próximo 29 de noviembre, con la intención de no dar pie a las acusaciones de fraude electoral que sostienen el PP y Vox de cara a las elecciones generales.

El problema es que el desafío que plantea la decisión supera a la indignación del Ejecutivo, que señala que el Supremo ha restringido un derecho fundamental a las 163.020 personas que han obtenido la nacionalidad por esta vía desde 2022.

Algunos de ellos votaron en las elecciones generales, autonómicas y municipales que se han celebrado desde entonces, pero para el 29N solo podrán hacerlo aquellos que acrediten documentalmente dónde vivían sus ascendientes antes de tener que huir de España por la represión de la dictadura.

Desde el Gobierno califican como "imposible" cumplir la orden del Supremo, ya explican que el registro solo permite registrar digitalmente 76.000 expedientes.

El resto, más de 80.000, se tienen que hacer a mano, según publicó este miércoles Eldiario.es El Gobierno activa un dispositivo sin precedentes Los jueces abrieron, de forma cautelar, el camino para que los casos se resuelvan uno por uno, obligando a la Administración a abrir un trámite de urgencia para hacerlo en las siete semanas que quedan para que se abran las urnas.

Pese a que el auto de los cinco jueces que votaron a favor de rechazar los recursos y mantener la decisión la argumentaban en la búsqueda de "certidumbre" en el censo electoral, el voto particular de la magistrada María Alicia Millán ya advertía de que "el mantenimiento de las medidas cautelares proyecta las incertidumbres asociadas a su ejecución sobre el procedimiento electoral".

La jueza defendió, además, que el hecho de que ahora haya convocada una cita electoral -el Supremo impuso la suspensión cautelar casi un mes antes de que Pedro Sánchez disolviera las Cortes- puede "convertir en irreversible" la discriminación a las 163.000 personas que, pese a la opinión de la derecha, poseen la nacionalidad española con todos los derechos que esta implica.