El Constitucional rechaza paralizar la suspensión del derecho a voto por la 'ley de nietos' con el apoyo de 10 de 12 magistrados

El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir el recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el derecho a voto de los nacionalizados en virtud de la 'ley de nietos'.

Tan solo dos de los doce magistrados del Pleno, el progresista Ramón Sáez y el exministro de Justicia de Pedro Sánchez Juan Carlos Campo han apoyado la admisión del recurso.

De modo que la gran mayoría de los magistrados han dado la razón al ponente del recurso, Enrique Arnaldo, quien planteó en su ponencia descartar la admisión del recurso por ser este "prematuro".

Según comparten los diez magistrados del Pleno, el Defensor Ángel Gabilondo se apresuró al presentar el amparo, ya que aún no se ha agotado la vía de la jurisdicción ordinaria (caben todavía recursos en el Tribunal Supremo).

En un Pleno habituado a dividirse en bloques —siete progresistas y cinco conservadores— en las votaciones de gran calado político, el consenso suscitado por la ponencia de Enrique Arnaldo es poco habitual.

Los dos togados discrepantes han anunciado la presentación de un voto particular discrepante de la decisión adoptada por la mayoría.

Con su decisión de este miércoles, el Constitucional cierra la puerta a corregir al Tribunal Supremo en una decisión que tendrá incidencia directa en las elecciones del 29 de noviembre.

El origen de la controversia está en la ley de nietos aprobada en 2022, que otorga derecho a la nacionalidad española a los extranjeros descendientes de españoles exiliados políticos de la guerra civil y el franquismo.

Aprobada la norma, el Ministerio de Justicia tuvo que determinar cómo se certifica la condición de exiliado.

La encargada fue la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente.

A través de una instrucción dictada en octubre de 2022, Puente estableció que se presumirá dicha condición a todos los españoles que salieran del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Esta instrucción es el objeto de la controversia judicial que debe resolver el Tribunal Supremo.

El 8 de septiembre, el Supremo decidió paralizar cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados a no ser que acrediten documentalmente que sus antepasados tuvieron que exiliarse y perdieron la nacionalidad por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Dicha suspensión se mantendría vigente hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre el fondo del asunto, lo que ocurrirá seguro después de las elecciones.