Las entidades piden a la Junta que su nuevo decreto de discapacidad se adapte al cambio de modelo de la Constitución

Hay un párrafo en el proyecto de decreto para regular los servicios de capacitación sociolaboral para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de la Consejería de Bienestar Social en el que están puestas todas las miradas de las principales organizaciones de la discapacidad de Castilla-La Mancha.

Está en el preámbulo y cita el artículo 49 de la Constitución para justificar la actuación de los poderes públicos.

El problema es que la redacción que utiliza el borrador es la del artículo 49 antes de su reforma de 2024 , donde se habla de «previsión, tratamiento, rehabilitación e integración» y de personas con discapacidad «física, sensorial e intelectual».Las entidades no quieren que ese texto permanezca así.

En el proceso de participación que ha finalizado hace unos días, la petición es compartida por varias entidades.

Y aunque a primera vista puede parecer una cuestión de actualización jurídica o terminológica, detrás hay algo más profundo, como el intento de trasladar al futuro decreto el cambio de concepción de la discapacidad que introdujo la reforma constitucional de febrero de 2024.Desde entonces, el artículo 49 ya no habla en esos términos.

Establece que las personas con discapacidad ejercen sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas y obliga a los poderes públicos a impulsar políticas que garanticen su plena autonomía personal y su inclusión social en entornos universalmente accesibles, además de fomentar la participación de sus organizaciones.Y eso es precisamente lo que varias organizaciones han pedido que se refleje en la futura regulación de los servicios de capacitación sociolaboral para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.La propuesta de actualizar la referencia constitucional aparece expresamente en el proceso participativo de la Junta, donde se plantea eliminar la terminología obsoleta y adaptar el preámbulo a la reforma de 2024, que pone el acento en la autonomía personal y la inclusión social.Autonomía e inclusiónLa diferencia no es menor.

La Constitución de 1978 establecía un mandato de protección que hablaba de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración.

La reforma de 2024 sustituyó aquel planteamiento por otro que coloca en primer plano a la persona como titular de derechos, su autonomía y su inclusión.Así, las asociaciones consideran que un decreto aprobado en 2026 no debe mantener en su exposición de motivos una referencia al artículo 49 que corresponde a una Constitución que ya no está vigente.Pero la discusión va más allá del preámbulo.