La Federación Andaluza de Memoria Democrática defiende la protección de La Gavidia como Lugar de Memoria frente a la negativa de sesenta policías

La antigua comisaría de La Gavidia de Sevilla se ha convertido en el epicentro de un intenso debate entre lo institucional y los sectores sociales, que enfrenta a colectivos memorialistas con un sector de la propia policía.

La controversia surge a raíz de la coexistencia de dos posturas encontradas sobre el futuro del histórico inmueble y su catalogación como Lugar de Memoria Democrática, un asunto que combina el recuerdo de la represión franquista con la defensa del legado profesional de los agentes que sirvieron en el edificio durante décadas.

El inmueble de La Gavidia albergó en el pasado la sede de la Jefatura Superior de Policía y, posteriormente, la comisaría del distrito Centro hasta su cierre definitivo en el año 2003.

Durante la dictadura franquista sus instalaciones y, de manera muy señalada, sus calabozos funcionaron como uno de los principales escenarios de la represión ejercida contra personas detenidas por sus actividades políticas, sindicales, sociales y en defensa de las libertades.

En la actualidad, el edificio se encuentra inmerso en un proceso de transformación urbanística para albergar en los próximos meses la apertura de un hotel de la cadena Thompson.

En el marco de esta actuación inmobiliaria, el Ayuntamiento de Sevilla ha suscrito un acuerdo con el propio hotel para que una parte de sus dependencias acoja un centro de interpretación de la memoria democrática.

El propósito de esta iniciativa institucional es precisamente "preservar la historia de uno de los principales escenarios de la represión franquista".

Sin embargo, este proyecto urbanístico y cultural ha provocado un profundo malestar entre un sector de la plantilla policial.

En una carta firmada por sesenta agentes que prestaron servicio en el inmueble, los funcionarios recuerdan que el marco normativo que ampara estas actuaciones, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, fue aprobado en el año 2017 gracias al voto a favor de los partidos de izquierda, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos optaron por la abstención en aquel momento político.

La FAMD Frente a este escenario, la Federación Andaluza de Memoria Democrática ha defendido con firmeza la protección de los antiguos calabozos, apremiando tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Sevilla a que cumplan con la legislación vigente sin sentirse "amenazados".

Desde esta organización se subraya que el reconocimiento del espacio no responde a una estrategia partidista ni busca señalar colectivamente a ningún cuerpo profesional, sino que obedece a una cuestión de derechos humanos.