El Gobierno bloquea las primeras 3.000 viviendas del futuro Distrito Aeroespacial en Sevilla

El mayor desarrollo urbanístico de Sevilla, llamado a transformar el noreste de la ciudad bajo el modelo de polos aeronáuticos europeos como Toulouse o Hamburgo, ha chocado con el muro burocrático del Estado.

El Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), mantiene bloqueada desde hace casi dos años la aprobación ambiental del proyecto de urbanización de los suelos de Santa Bárbara, donde se ubicará el futuro Distrito Aeroespacial.

Este trámite impide el inicio inminente de las obras de las primeras 3.000 de 24.000 viviendas y deja en el aire una infraestructura vital para el crecimiento de estos suelos de la capital: la futura autovía SE-35.El escollo que ha provocado este retraso parte de una denuncia ecologista.

Estos colectivos reclaman la protección de la contigua Laguna del Sapo, esgrimiendo que se trata de un humedal natural indispensable para la biodiversidad.

Sin embargo, la realidad urbanística que sostiene el Ayuntamiento de Sevilla dibuja un escenario muy distinto.Según el Consistorio, este espacio ni siquiera se encuentra en el Sector 1 de Santa Bárbara -la zona exacta donde la promotora Vía Ágora tiene todo preparado para empezar a levantar los edificios-, sino en el Sector 2.

A esto se suma un matiz técnico de fondo: el gobierno local defiende que no se trata de un humedal originario, sino de una suerte de balsa de agua artificial generada por las escorrentías derivadas de antiguos movimientos de tierra en la zona.Pese a ello, en aras de desbloquear el nudo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se comprometió públicamente durante la presentación del proyecto a proteger la lámina de agua e integrarla como territorio de dominio público hidráulico.

Una cesión municipal que, hasta la fecha, no ha surtido el más mínimo efecto en la CHG.Recreaciones del futuro Distrito Aeroespacial de Sevilla ABCEl mutismo del organismo estatal, que no da respuesta a las continuas reclamaciones de la Administración local ni de la empresa privada, ha fracturado la seguridad jurídica de la operación.

El desarrollo de estos terrenos lleva contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desde 2006.

Durante los últimos años, el resto de organismos implicados han ido concediendo sus avales técnicos y bendiciones legales.

El nivel de avance es tal que ya se ha completado la compleja reparcelación de los suelos y se ha constituido formalmente la junta de compensación.La promotora Vía Ágora, que adquirió los suelos a la Sareb, vive en un escenario de parálisis.

Sin el visto bueno de la Confederación Hidrográfica no se puede obtener la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el paso previo ineludible para la concesión de la licencia de obras.