El Defensor del Pueblo sale en auxilio del Gobierno y lleva el censo de la 'ley de nietos' al TC

Descartado el recurso de amparo de la Abogacía del Estado al carecer de legitimación, el Gobierno ha movilizado a la desesperada al Defensor del Pueblo para que lleve el censo de la ley de nietos al Tribunal Constitucional.

Como ha informado ABC, solo esta institución puede defender derechos de terceros si no lo hacen los afectados de forma individual.

La Fiscalía no podría hacerlo al no haber presentado el recurso de reposición que interpusieron los servicios jurídicos del Estado con el consiguiente rapapolvo del Tribunal Supremo (TS) por no cumplir sus órdenes.

Según ha podido saber ABC de fuentes de la máxima solvencia, el Defensor del Pueblo, ha pedido al tribunal que adopte medidas cautelarísimas, es decir, si oir a las partes.

Su intervención se produciría 'in extremis' para denunciar la vulneración del derecho al sufragio de los 163.000 electores a los que el Supremo ha expulsado del CERA a la espera de que acrediten que se nacionalizaron bajo el paraguas de la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática (conocida como ley de nietos ) y no de la polémica instrucción de Sofía Puente que estableció una presunción de arraigo.El Gobierno es consciente de que el estudio individual de los 163.000 expedientes con las elecciones a la vuelta de la esquina ya no es posible (tampoco ha aportado cifras del trabajo realizado en este sentido en el último mes, como le reprochó el Supremo), por lo que esta maniobra es la única opción que tiene en estos momentos en sus manos para intentar evitar que esos votos queden fuera.

El mandato del Supremo es claro: solo los nacionalizados que hayan justificado el arraigo conforme a la ley podrán votar y podrán ser incluidos en el censo.

Al Gobierno no le vale con acreditar dos o tres centenares de expedientes correctamente constituidos.

Quiere conservar íntegro ese censo exterior.

El TC no está por laborSin embargo, con el procedimiento en marcha y sin haber finalizado el trámite de alegaciones que se ha dado a los afectados para que se personen en el procedimiento, la actuación del Defensor del Pueblo parece, a todas luces, prematura, como señalaban fuentes del TC a ABC este miércoles.

Fuentes próximas a la presidencia aseguraron que el propio Tribunal Constitucional no tiene intención de intervenir en este procedimiento mientras esté abierto en el Tribunal Supremo y este no haya dado una respuesta a los perjudicados que se hayan personado.

La pieza, por tanto, sigue abierta, a la espera de un pronunciamiento definitivo de la Sala Tercera y el tiempo corre en contra del Ejecutivo.

Hasta que los autos del Supremo no estén publicados en el BOE, este viernes no ha empezadoa correr el plazo de cinco días que el Alto Tribunal dio a los afectados.