Carta abierta al ministro del Interior

Soy un policía nacional jubilado, con 45 años de servicio.

Ingresé en Canillas en 1978, ya en democracia, con Martín Villa de ministro y Adolfo Suárez de presidente.

Nos tocaron tiempos muy difíciles de terrorismo: llegaban féretros de compañeros casi a diario.

Muchos optaron por irse y otros por quedarnos para cambiar las cosas.En 1976, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se manifestaron pidiendo derechos, sobre todo Seguridad Social, que disfrutaban todos los trabajadores en España.

Fueron encarcelados y el próximo 17 de diciembre se cumplen 50 años de aquella histórica manifestación, uno de los hechos más relevantes de la Transición.

Ahora que el Gobierno del que usted forma parte reivindica la memoria democrática, no se ha acordado de ellos, y tampoco de los policías que el 23-F, hace 45 años, estuvimos en el Congreso defendiendo la Constitución.

Recuerdo que ese día yo estaba libre, pero se me llamó para que me personara urgentemente en comisaría, que me pusiera el uniforme y junto a otros compañeros nos dirigiéramos al Congreso.En 1986 un grupo de guardia civiles, capitaneados por Manuel Rosa, pidió la creación de una asociación, la UDGC.

Fueron detenidos por un delito de sedición, juzgados por un tribunal militar, condenados e ingresados en prisión.

Hasta les quisieron montar un Consejo de Guerra que paró el Constitucional.

Las detenciones se produjeron en la famosa operación Columna, donde sí se pudieron cometer varios delitos: allanamiento de morada, detenciones ilegales, malversación de caudales públicos y un largo etcétera, delitos que no han sido investigados.

Los que ordenaron y ejecutaron dicha operación fueron ascendidos; mire usted a ver si le queda algún general en activo que interviniera en esta operación.

Supongo que tendrá estos papeles, y si no, con mucho gusto se los proporcionaremos.Hace año y medio, la Ley 5/24, en su disposición adicional cuarta, nombra personalmente a estos guardia civiles: Manuel Rosa, José Carlos Piñeiro, José Morata y Manuel Linde (DEP) deben ser rehabilitados y jubilados con la pensión que les corresponda.

A la viuda de Linde se le ha denegado y a sus hijos, la de orfandad.

Estos hechos ocurrieron ya en democracia, siendo Corcuera ministro y Felipe González presidente.