La diseñadora gallega Kina Fernández afronta siete años por alzamiento de bienes

La diseñadora gallega Kina Fernández se enfrenta a una petición de siete años de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes relacionado con el concurso de acreedores de su empresa textil, Volvoreta.

La Fiscalía solicita la misma pena para su marido, las dos hijas del matrimonio y un gestor financiero de la compañía, a quienes acusa de participar en una serie de maniobras dirigidas a eludir el pago de las deudas contraídas con los acreedores, principalmente la Agencia Tributaria.

El Ministerio Público reclama, además, una indemnización conjunta de dos millones de euros.La Audiencia Provincial de La Coruña acogerá entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre el juicio contra los cinco acusados y la propia sociedad Volvoreta, actualmente disuelta y cuyo concurso de acreedores fue declarado culpable en 2015, una resolución ratificada dos años después.

Según recoge el escrito de acusación, la compañía entró en concurso en 2010 y, a partir de entonces, comenzó una «secuencia de hechos dirigida a evitar el cumplimiento» de las obligaciones económicas tanto de la sociedad como del matrimonio, que ejercía como administrador de la firma.La Fiscalía sostiene que, al menos entre enero de 2010 y febrero de 2013, la diseñadora y su marido «realizaron todo tipo de actuaciones encaminadas a colocarse en situación de insolvencia» para evitar los pagos comprometidos en el procedimiento concursal.

Para ello, habrían contado con el asesoramiento del responsable de gestión financiera de Volvoreta y con la colaboración de sus dos hijas.

De acuerdo con la acusación, el matrimonio utilizó varias sociedades vinculadas a estas últimas —Vidalbugaba SL, Kaefe Madrid SL, Galitex, Ruarel SL y Rafflesia— para «desviar la actividad y facturación» de la empresa original, cuyos ingresos debían destinarse al cumplimiento del convenio con los acreedores.Una de las principales maniobras investigadas afectó a los establecimientos comerciales de la firma.

Según el Ministerio Público, Volvoreta dejó de figurar como arrendataria de distintas tiendas que pasaron a ser explotadas por las sociedades de las hijas del matrimonio, sin que conste el abono de cantidad alguna por su traspaso o cesión.

Además, la empresa suministraba productos a estos negocios «sin emitir factura y realizando así una desaparición de existencias».

La Fiscalía identifica operaciones de este tipo en establecimientos situados en Lugo, Murcia, Madrid, A Coruña y Culleredo. «Lo que se produce con este actuar es una desviación de toda la actividad de Volvoreta mediante la cesión de tiendas a terceras entidades y de la actividad mercantil», concluye el escrito.El desfase en las existencias constituye otro de los elementos centrales de la acusación.