Collboni arranca su plan de inspecciones lingüísticas en la Rambla tras reconocer que no ha puesto ninguna multa

El Ayuntamiento de Barcelona no ha puesto nunca ninguna multa lingüística a los comerciantes de la ciudad a pesar de que tiene las competencias en materia de inspección y sanción, han informado desde el consistorio a ABC, para justificar que el equipo de gobierno de Jaume Collboni (PSC) haya instruido a los inspectores para que informen de la normativa y sus consecuencias finales en caso de no cumplirla.Aprovechando una reforma integral de la Rambla, las inspecciones a los comerciantes de la zona afectada incluirán, tal y como han confirmado desde el consistorio, el cumplimiento del Código de Consumo catalán y la Ley de Política Lingüística, que obligan a tener la cartelería y los anuncios en catalán -no así en español, a pesar de que ambas lenguas son oficiales en Cataluña, junto al aranés en el Valle de Arán (Lérida)-.La polémica medida se extenderá, después, a toda la ciudad.

Y, en caso de que los comerciantes no cumplan con la normativa, tras ser informados de ella, se les sancionará.

La Generalitat de Cataluña lleva años multando por este motivo.

Salvador Illa se ha convertido en el presidente autonómico que más sanciones lingüísticas ha impuesto en un solo año: 486 en 2025.

Además, subvencionará a los 'comisarios lingüísticos' municipales.«Inspeccionar no es sancionar, tiene como objetivo informar de que hay algo que se está haciendo mal.

Si hay reiteración se abre expediente.

Primero, informaremos.

Estamos creando un protocolo de información para toda la ciudad.

No vamos sancionar de primeras, hasta que no tengamos un protocolo», han apuntado desde el ayuntamiento, reiterando que «las sanciones son el último recurso, no nos interesan».Collboni confirma así la presión que desde el ayuntamiento, como desde la Generalitat, se ha intensificado contra los comerciantes y en la relación entre particulares, que está protegida por el Tribunal Constitucional.

La jurisprudencia del Constitucional matiza que las sanciones lingüísticas no pueden aplicarse de manera general y aboga por estudiar caso a caso.

Así, por ejemplo, los tribunales han anulado multas por el uso del español.En cualquier caso, Collboni ha reconocido que el ayuntamiento no ha sancionado nunca por una cuestión lingüística y, ahora, traza el camino para poderlo hacer. «Hasta ahora no nos habíamos fijado en si el comerciante cumple con la normativa lingüística.

A partor de ahora, con la campaña informativa, no tendrán la excusa de que no lo sabían.

Para tener la licencia también tendrán que cumplir la normativa lingüística», han añadido.En paralelo, el consistorio ha puesto en marcha un plan piloto en el distrito de Gracia, que afectará a más de 600 establecimientos de comercio y restauración, para fomentar «la presencia del catalán en estos sectores».