Un exconsejero de Esperanza Aguirre niega “intereses ocultos” en los contratos del Canal adjudicados a familiares de Ignacio González
Un exdirectivo de la empresa de aguas atribuye la idea de crear un campo de golf en el centro de Madrid a la expresidenta regional, quien finalmente declarará este jueves como testigo en el juicio del caso Lezo que se celebra en la Audiencia Nacional Ignacio González se sienta en el banquillo por el amaño del campo de golf que el PP construyó en el centro de Madrid El juicio por el supuesto amaño del campo de golf que el Partido Popular construyó en el centro de Madrid ha acogido este lunes la declaración como testigos de más de una decena de testigos, la mayoría de ellos vinculados al Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas sobre la que se levantó esa infraestructura deportiva ya demolida.
Entre ellos, ha comparecido el que fuera consejero de Medioambiente durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, Mariano Zabía, quien ha negado la existencia de “intereses ocultos” en los contratos del Canal adjudicados a familiares de Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Zabía, quien era vicepresidente de Canal de Isabel II, ha dicho que no percibió de ninguna manera que hubiera interés en beneficiar a TCT, una empresa del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos, quienes también se sientan en el banquillo.
Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años.
En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf.
Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal, modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del entonces vicepresidente regional, según acreditó la investigación del juez Manuel García Castellón.
Esas variaciones, añade su auto de apertura de juicio oral, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación.
Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a la citada TCT, que obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello.
Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%.
Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente.
Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas.
Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”.
Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.
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