El caso Mascarillas de Almería, a las puertas de cumplir un año, sigue pendiente de los informes de la UCO

El Caso Mascarillas de Almería se aproxima a su primer aniversario con la investigación judicial todavía en fase de instrucción y pendiente de los informes definitivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los dispositivos electrónicos intervenidos el 18 de noviembre de 2025.

Los registros, que incluyeron el Palacio Provincial, desembocaron ese mismo día en la detención del entonces presidente de la Diputación y del PP de Almería, Javier Aureliano García , y del vicepresidente segundo, Fernando Giménez, entre otros investigados, y abrieron una nueva etapa en las pesquisas sobre una presunta trama de adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones.La causa mantiene bajo investigación a 43 personas y entidades y trata de determinar el alcance de las supuestas irregularidades, el papel de cada implicado y la relación entre los contratos públicos analizados.

Según fuentes cercanas al caso, los informes pendientes no se limitan al contenido de los teléfonos móviles, sino que incluyen también el análisis de ordenadores, discos duros y otros equipos intervenidos en distintos registros.El procedimiento tiene su origen en la adjudicación, en plena pandemia de covid-19, de un contrato para el suministro de material sanitario a la empresa Azor Corporate Ibérica por un importe cercano a los dos millones de euros.

La investigación sostiene que la operación pudo utilizarse para el cobro de comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros .

A partir de ese expediente, los investigadores han señalado posibles irregularidades en otras adjudicaciones y sociedades vinculadas a la causa.Las comparecencias de los investigados se desarrollaron antes del verano.

La mayoría optó por acogerse a su derecho a no declarar.

El 26 de junio, Javier Aureliano García volvió a comparecer ante el magistrado Manuel José Rey Bellot.

Su abogado, Joaquín Monterreal, explicó que la defensa estaba a la espera de los informes de la Guardia Civil y que el expresidente ya había ofrecido explicaciones en su primera comparecencia.

En aquella primera declaración, García respondió únicamente a las preguntas de su abogado.

Justificó el dinero en efectivo que manejaba con los alquileres de inmuebles familiares heredados de sus padres en Balanegra.

Según su versión, los arrendatarios pagaban tradicionalmente en metálico y los ingresos se habían declarado ante Hacienda.

Calculó que había percibido entre 160.000 y 180.000 euros desde 2016.Un furgón de la Guardia Civil llega a la Ciudad de la Justicia de Almería ABCEl expresidente explicó que su hermana se encargaba de cobrar las rentas y que el dinero se guardaba en un fondo común para atender sus necesidades y los gastos de mantenimiento de los inmuebles.