El Supremo extiende la anulación del sistema de cobros de la Junta para los dependientes con Grado II

El Tribunal Supremo ha extendido la anulación del sistema de cobros de la Junta de Castilla y León para las personas en situación de dependencia con Grado II, después de que en junio pasado otra sentencia anulara el decreto de precios públicos para el Grado III.

La Plataforma Social de Castilla y León señala en un comunicado que las sentencias establecen que los copagos han de realizarse a través de una Ley de Tasas y no de un decreto de precios públicos , además de que condena a la administración autonómica a la devolución de los cobros realizados.

En concreto, los fallos del Supremo establecen que el servicio de atención residencial a las personas en situación de dependencia a través de una plaza pública o concertada se trata de un servicio público y esencial.La Plataforma ha recordado que el Pleno de las Cortes de Castilla y León, del 17 de diciembre de 2025, aprobó por unanimidad, con el voto favorable del Partido Popular, la devolución de los cobros indebidamente realizados y la obligación de presentar por la Junta un proyecto de ley para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo.

Desde octubre de 2025, la Junta está dejando de ingresar nueve millones de euros mensuales. «Pero esto, no significa que no vaya a cobrar a las familias lo que ahora no está cobrando», detallan en una nota recogida por la Agencia Ical.

En él denuncian que «muchas» familias han solicitado la devolución de las cantidades cobradas indebidamente, pero han recibido una respuesta negativa por parte de la Junta, por lo que se han visto obligadas a recurrir a los tribunales para solicitar el reintegro de estas cantidades. «El incumplimiento por parte de la Junta de las sentencias denota el grado de irresponsabilidad y el desinterés con el que actúa el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con personas en situación de dependencia y sus familias», subrayan desde la Plataforma Social.Además, se pregunta por qué la administración autonómica lleva más de año sin cumplir la sentencia del Supremo, que afecta a más de 17.000 personas en situación de dependencia con Grado II y III.

Es por ello que reclaman al presidente Mañueco que ofrezca una explicación a las familias de las personas en situación de dependencia y responda por qué votó a favor del acuerdo de las Cortes, que incluía la devolución de los cobros indebidos a los dependientes con grado III que tienen una plaza en una residencia pública o concertada, y ahora rechace las peticiones de devolución de esos cobros a las familias que lo solicitan.