La Plataforma en Defensa de Feve mantiene el pulso judicial y carga contra el Ayuntamiento de León por su inacción

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León , que reclama la llegada del tren a la citada estación en el centro de la capital y rechaza el proyectado tapado de las vías para realizar el último tramo del recorrido en autobús eléctrico, informaba este viernes de que mantiene el pulso de sus reivindicaciones a través de la vía judicial, con tres procesos abiertos con los que esperan lograr una solución.

El colectivo reconocía que hasta el momento no se ha logrado ningún avance y arremetía especialmente contra el Ayuntamiento de la capital, reprochando que incumpla sus obligaciones de defender sus derechos, rechace que los servicios jurídicos se interesen por las causas abiertas y atribuyéndoles, en palabras de un portavoz, César Prieto, «mucha responsabilidad» en el estancamiento del proyecto inicial que ven más acentuado en los últimos ocho años de gobierno del PSOE.«La ejecución es responsabilidad del Ministerio, pero la reclamación lo es del Ayuntamiento» señalaba antes de destacar que el PP municipal presentaba este mismo viernes una moción en la que solicitaba que el Consistorio se persone en uno de los procesos abiertos. «Curiosamente, la única parte exitosa del Convenio Marco es la relacionada con el aprovechamiento urbanístico» añadía Prieto.

En concreto, se pide esa implicación sobre el recurso presentado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes, a cuyo frente está Óscar Puente, por su inactividad en el cumplimiento del Convenio Marco de 2010 que atañe a la integración de Feve en la ciudad.

Lamentaban que por decisión de la Alcaldía el Ayuntamiento haya decidido no personarse en una causa «que se sigue en su beneficio incumpliendo con la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos». «Incumple las obligaciones que le marca la ley»El Ayuntamiento de León -añadieron- no sólo no ha defendido, como es su obligación, la ejecución del Convenio obligando a la ciudadanía a hacerlo en su lugar, sino que «incumple las obligaciones que le marca la ley para que dicha sustitución pueda hacerse con las máximas garantías».